En estos días de enero se ha cumplido el aniversario de la constitución del Frente Popular. Desde entonces la búsqueda de la más amplia unidad ha estado en el ADN de los comunistas españoles. Unión Nacional en los años más duros de la dictadura o la Junta Democrática han sido otros hitos conocidos y relevantes de esta orientación básica. Incluso CC.OO. en el ámbito socio-político es próxima a esa concepción unitaria amplia. Izquierda Unida es una buena expresión de ese talante: más de 2/3 de su afiliación no está actualmente vinculada al PCE. Los comunistas con cierta antigüedad y actividad tenemos experiencia de los éxitos y también de las dificultades de las experiencias unitarias.
Pero la unidad no es una formulación abstracta. Tampoco puede ser una propuesta oportunista, porque entonces lleva al fracaso y la melancolía. Se produce en una coyuntura política que, en la medida que la hace necesaria, la hace posible. Exige unas características definidas y, sobre todo, ha de tener contenidos y objetivos claros. No ayuda gran cosa reclamar, sin concretar, “la unidad”, como tampoco sirve de mucho reclamar genéricamente “la justicia” o “la democracia”. Recordando la famosa frase de Lenin, “Libertad, ¿para hacer qué?”, es necesario plantear “Unidad, ¿para hacer qué?”.
Si no es así, sólo es un término de marketing político o, lo que es peor, un recurso de ataque interno en el debate partidario. ¿Quién no va a estar de acuerdo en la unidad o en la democracia? ¿Quién quiere verse descalificado si no es unitario? Incluso los enemigos jurados de cualquier unidad eficaz de la izquierda, hacen frecuentemente de plañideras mediáticas por esa unidad.
La realidad política es siempre dura, y la española aún más para la izquierda en los tiempos actuales. Por eso es más necesario que nunca respetar la metodología del análisis concreto de la realidad concreta también en esto. Y ese análisis muestra que nuestra base social y nuestro electorado no se identifica con la forma bajo la que IU ha implementado hasta ahora la llamada “unidad popular”.
Así ocurrió con las candidaturas de Unidos Podemos en las elecciones generales de 26 de junio de 2016 (dónde se perdió 1 millón de votos), y lo más importante: el número total de votos en todas las circunscripciones fue inferior a los que por separado habían obtenido el 20D de 2015 las fuerzas integradas en UP, salvo en Navarra por muy escaso número. Eso incluye tanto a los lugares donde había experiencias anteriores de confluencia como donde no. En los municipios con “ayuntamientos del cambio” los resultados tuvieron la misma tónica, excepto en Ferrol.
Las elecciones catalanas han tenido resultados aún más nítidos. Retroceso de 11 a 8 diputados, pese a que ahora (y pocos lo han subrayado) se contaba con la integración y el predominio en las candidaturas de los seguidores de Ada Colau. Y en Galicia, las elecciones celebradas unos pocos meses después del 26J (septiembre de 2016) ya mostraron una importante pérdida de votos.
A esto hay que añadir las tendencias que marcan las encuestas, especialmente si son ampliamente compartidas. Una pérdida de 3 puntos en cada circunscripción provincial, y las mismas posiciones en las listas de UP de los miembros de IU en las próximas elecciones generales, significaría que IU/EUiA conservarían sólo dos diputados en el Congreso. Si el retroceso es mayor, las consecuencias serían aún más graves. Claro y sencillo.
Condición necesaria: cambiar la Ley Electoral
El informe político aprobado en el último Comité Central del PCE (14 de enero de 2018) plantea con acierto la autocrítica de que la materialización de la unidad popular ha sido esencialmente electoral.
Esto será así mientras exista la actual Ley Electoral por razones meramente objetivas, y por tanto poderosas. Más aún si se impone una aplicación de la unidad que utiliza las convocatorias electorales como coartada para acelerar un proceso de confluencia organizativa que nadie ha acordado en ninguna parte.
La experiencia confirma que lo único hecho hasta ahora ha sido lo electoral: programas, candidaturas y acuerdos de funcionamiento institucional. No hay ninguna propuesta seria para avanzar en el terreno de la movilización social y la presencia confluyente en los conflictos existentes. Es más, cuando se habla con términos indefinidos como confluencia, convergencia o nuevo sujeto político siempre se termina concretando en el párrafo siguiente su dimensión electoral/institucional. Nada más.
Términos, por otra parte, cuya utilización está estrechamente vinculada a la utilización de otras expresiones de significado polisémico (élite, espacios, clases populares, nuevo movimiento político y social, etc.) cuyo contenido puede transmutarse a conveniencia, práctica muy común en las elaboraciones del post marxismo. Convendría reflexionar sobre el uso de las palabras y esforzarse por explicar el significado de las mismas que se pretende, o utilizar conceptos claros que explican la realidad con más rigor.
A este respecto, es más útil el concepto “política de alianzas”, que acumula junto a una elaboración teórica, que comienza ya en el Manifiesto Comunista, una rica pluralidad de experiencias en su construcción y la exigencia ineludible del análisis concreto de la realidad política y social y de las aspiraciones de los trabajadores y de las capas sociales intermedias para su aplicación.
España es un país capitalista desarrollado al que no se le pueda traspasar el concepto de pueblo que es funcional en muchos países de América Latina. Por ello, la clase trabajadora es la objetivamente determinante de la alternativa al sistema (aunque sea preciso redefinir en España sus límites y composición). En su aspecto subjetivo, lo son aquellas fuerzas de las que se dota la clase para avanzar hacia su emancipación, es decir los partidos comunistas. En nuestro caso, el PCE y su apuesta estratégica IU, que se define en el art. 1 de sus Estatutos como de “carácter anticapitalista…, cuyo objetivo es transformar el sistema capitalista económico, social y político, y superar el patriarcado, en un sistema socialista…”.
Conviene todo el anterior razonamiento a la necesidad de establecer de qué tipo de alianzas hablamos cuando decimos confluencia. No vaya a ser que digamos amor cuando queremos decir sexo. ¿Qué contenidos tienen los conceptos de confluencia o convergencia con otras fuerzas políticas, más allá de lo institucional/electoral? Si es confluencia organizativa, dígase. Pero eso hay que construirlo, tanto teóricamente como en la práctica política.
A este respecto, el informe del CC del PCE reseñado ha dejado a un lado el concepto (también polisémico e indefinido) de “superación de IU” y propugna que “nuestra presencia en el conflicto debe tener como una de sus consecuencias el fortalecimiento de Izquierda Unida y el desarrollo de políticas de crecimiento de nuestra organización partidaria…” (Informe político, apartado VI, pág. 13), cuestión que no pocos venimos defendiendo desde hace tiempo.
Desde un punto de vista marxista, la construcción de un nuevo sujeto político con una perspectiva de alternativa sistémica requiere un bloque determinante que sea la fuerza impulsora de la hegemonía. En ese bloque, sus actores se reconocen en el objetivo común de construcción de una sociedad que supera el capitalismo y en él se puede consolidar una confluencia organizativa. Eso está expresado hoy en Izquierda Unida, como hemos visto más arriba, y no hay ninguna expresión relevante en el mismo sentido y con la misma concepción global ideológica fuera de ella. Esta misma constatación requiere que IU deba fortalecerse, ampliarse, mejorar su funcionamiento, ganar en coherencia, reforzar aspectos programáticos débiles, etc. Por tanto, ningún identitarismo.
Desde la perspectiva de avanzar en la creación de condiciones que hagan posible la construcción de una sociedad socialista desde la situación actual mediante la configuración del bloque histórico o, si se nombra así, nuevo sujeto político, las fuerzas determinantes de ese bloque han de reunir una serie de condiciones que no pueden ser ni caprichosas ni oportunistas. Si no es así, no habrá hegemonía de clase en el proceso y el objetivo será frustrado o diluido. Pero tampoco le pueden ser negadas a ninguna fuerza arbitrariamente esas condiciones. Esto exige superar de una vez esta tendencia dogmática de los comunistas españoles de extender certificados de izquierda, de rupturismo o de aptitud revolucionaria, a favor y en contra.
El papel de Podemos
En esta cuestión es necesario respetar la forma en que cada fuerza se define y se posiciona. En el caso de Podemos, es claro que ellos mismos no se definen -según los documentos aprobados en Vista Alegre II- como una alternativa sistémica.
¿Significa eso que no se puede construir con ellos ninguna alianza? No. Pero esa política de alianzas hoy no puede confundirse con una confluencia organizativa y alternativa como la que representa IU.
La anterior afirmación está lejos de ser un juicio de intenciones. Los documentos políticos de Podemos no aportan una perspectiva de clase, y no se sitúan en el horizonte de avanzar hacia el socialismo. En el documento de Pablo Iglesias, aprobado en Vista Alegre II, se dice “el cambio pasa básicamente por apostar por una política económica más soberana, redistributiva y crítica con el modelo alemán para Europa”. Nada más en cuanto a la explotación capitalista, salvo una mención genérica del neoliberalismo. En ese documento no aparece ni una sola vez la palabras paro o desempleo, sólo en una ocasión la expresión “clases trabajadoras” y no hay ninguna mención a la burguesía. Son conceptos ausentes de su análisis. Tampoco dan una razonable prioridad a la lucha por la República, la salida de la OTAN y al feminismo de clase. Su posición sobre la UE no está definida.
Podemos está lejos de definirse como un proyecto desde la perspectiva de la clase obrera, limitándose a una propuesta transversal que no cuestiona el capitalismo y que responde a la frustración de expectativas que en el contexto de la crisis “afectaron a las clases medias sostenedoras de los consensos sociales y a los sectores populares”; no está dispuesto a compartir hegemonía. El objetivo es “un Podemos unido y fuerte para liderar”. Está lejos del concepto “movimiento político y social” y colectivamente muy poco vinculado al sindicalismo mayoritario de clase.
Todo esto está en sus documentos y está confirmado en su práctica política. No es ningún tipo de acusación; al contrario: es importante y positivo que sectores de la pequeña burguesía y de los profesionales que han perdido sus expectativas de jugar un cierto papel como consecuencia de los cambios generados por la crisis en el modelo productivo y en la gestión de empresas y servicios se sitúen políticamente en posiciones de progreso.
Pero hoy no se orientan estratégicamente al cambio de sistema. Por tanto, no pueden ser actores determinantes de un bloque político-social con ese objetivo. Como tampoco lo es el PSOE.
Pero eso no es razón para negarse a las alianzas de otro tipo con ellos. Si somos capaces de distinguir tiempos, objetivos y diferenciar en la política de alianzas los niveles de las mismas, seguiremos avanzando y avanzará el conjunto de la izquierda. Es verdad, como dice el informe político del CC del PCE citado que Podemos es “el principal coadyuvante de IU en los procesos de convergencia en todo el Estado” (apartado V, punto 7º), pero quedarse ahí significa volver a limitarse a los acuerdos electorales y nada más. Es un error considerar fuerzas rupturistas a quienes no quieren serlo y articular la confluencia organizativa con quienes hoy no quieren confluir. También nos deja desarmados considerar irreversibles acuerdos que la otra parte puede revertir en cualquier momento.
En el terreno de los meros acuerdos políticos, la experiencia muestra que las llamadas confluencias, que son las electorales realmente existentes, tienen dificultades para mantener los éxitos electorales iniciales y están casi inéditas desde una perspectiva supra electoral, incluso en la movilización y el conflicto (que se realizan en los movimientos sociales y en el movimiento obrero organizado) .
Posiblemente eso ocurre porque han oscilado desde el empotramiento fracasado en las listas electorales en las generales de diciembre de 2015 (en el caso de los acuerdos pretendidos con Podemos) hasta la construcción y liquidación sumaria por el PCE de la tímida experiencia de Unidad Popular, pasando por los llamados ayuntamientos del cambio, con buenos resultados electorales, pero que no han superado esa situación.
Por su parte, la experiencia de Unidos Podemos -evidentemente la de mayor incidencia política- tiene los problemas que el propio Alberto Garzón ha hecho públicos y algunos más: un programa (el de los famosos 50 puntos) que se ha difuminado en un mero catálogo de sugerencias, un funcionamiento colectivo muy pobre y una hoja de ruta en la que IU pasa de representar el 20% de los votos a tener sólo un 11% de sus diputados afiliados (algunos ya más bien teóricos) a IU/EUiA y un cupo limitado al 7% en las iniciativas parlamentarias del grupo. A eso hay que añadir que los acuerdos de financiación derivados del Grupo Parlamentario no han podido evitar el ERE, la disminución del apoyo a las zonas blancas de la organización y las dificultades de gestión de la deuda (cosas que se resolvían de forma equilibrada y razonable en la legislatura 2011-2015, manteniendo un grupo de liberados/as más numeroso).
¿Qué política de alianzas en el contexto actual?
El informe del CC reseñado afirma que “tenemos que valorar como una realidad, que algunas de ellas (las llamadas contradicciones del régimen del 78, nota del autor) sí están prácticamente resueltas de una forma desfavorable para el pueblo trabajador”. Este reconocimiento es positivo, porque aunque no se especifican si son muchas y relevantes permite, en la medida en que no confundamos los planos de la crisis capitalista (que ha afectado universalmente) y de la llamada crisis de régimen del 78, que es una cuestión puramente española, superar una fase de cierto empantanamiento político. El capital ha recuperado la tasa de ganancia (cuya pérdida está en el origen de la crisis sistémica) y ha aumentado la obtención directa e indirecta de plusvalía y, en el plano político, se ha producido una importante reestructuración del sistema de representación política con la crisis del bipartidismo y la cuestión catalana.
Se equivocan quienes afirman que reconocer que el capitalismo neoliberal ha logrado imponer su modelo de salida de la crisis es negar el espacio para la lucha de los trabajadores. No es así. El capitalismo resuelve sus crisis generando nuevas crisis, más profundas. Reconocer la realidad es condición necesaria para transformarla y en las fases de recuperación, la movilización puede ser más amplia y los objetivos más colectivos. El miedo pierde fuerza.
Este es el contexto esencial que configura esta nueva fase y el marco de referencia que cualquier política de alianzas.
La crítica de que la confluencia es una mera alianza electoral es acertada. Pero aquí, como en otras cuestiones, no cabe el voluntarismo. O se cambia la Ley Electoral para que no obligue a formalizar candidaturas comunes para no ser penalizados o seguirá siendo así y la confluencia, en el sentido profundo que propugnamos, no avanzará. Es sorprendente que el grupo parlamentario de Unidos Podemos no sitúe su prioridad en la reforma de esa Ley para la que se pueden encontrar ahora aliados suficientes. La actual Ley Electoral no debe permanecer como una coartada para justificar cualquier confluencia y malos acuerdos electorales.
Con otra Ley Electoral las alianzas institucionales pueden centrarse en acuerdos de gobierno e, incluso, de oposición, que también pueden incluir a fuerzas reformistas, tal como defiende el informe del CC del PCE, más allá de las fuerzas llamadas rupturistas (patente que algunos compañeros habían concedido a Podemos): “Se trata de unir acumulando fuerzas, en torno a programas, tanto a componentes rupturistas como componentes reformistas siempre que todos ellos estén comprometidos en poner en marcha medidas concretas que superen las políticas neoliberales antisociales y anti populares.” (apartado V, punto 1º). Así se ha venido haciendo desde hace décadas, especialmente en los ámbitos municipalistas. De esta forma, queda espacio libre para consolidar confluencias más profundas para la práctica política y social sobre bases programáticas y organizativas, que pueden encontrar en lo institucional un punto de apoyo y en el conflicto una base de acción colectiva. Pero sin esa nueva Ley, las cosas seguirán siendo complicadas para dar ese salto.
Las próximas elecciones
Centrándonos ahora en los acuerdos de coalición meramente electorales, se inicia un nuevo ciclo electoral en el que coinciden tres convocatorias: municipales, autonómicas en la mayor parte de las CC.AA. y europeas. Las autonómicas andaluzas serán unos meses antes y, posiblemente, las gallegas coincidan con la convocatoria general.
En el funcionamiento habitual de IU nadie mejor que las propias asambleas locales conocen la realidad de cada municipio. Por ello, la conformación de las candidaturas municipales debe basarse en la autonomía de las asambleas de base para decidir si es preferible presentar candidatura con la denominación y las siglas de IU o hay condiciones para conformar candidaturas, que, con la fórmula jurídica de coalición, y siempre de acuerdo con los valores y el programa de IU, permitan obtener un resultado mejor. Un debate que ha de tener en cuenta, al menos, la experiencia existente en cada lugar, la presencia real de las distintas fuerzas, las coincidencias sobre el programa, y la práctica política.
Es más, partimos de situaciones muy diferentes también en las CC.AA. No es lo mismo la realidad de Andalucía, con el PSOE de Susana López en el Gobierno, que Castilla La Mancha con Podemos dando soporte al Gobierno del PSOE, Navarra con un acuerdo más amplio que la simple coalición con Podemos, o Asturias con una visceralidad podemita anti IU.
Esto significa que no es conveniente un acuerdo-marco, por más que se le hagan excepciones. Parece más realista examinar la aplicación de dos modelos distintos, según las condiciones políticas y los deseos de la afiliación en cada lugar. A ello habría que añadir las prevenciones jurídicas necesarias para que los concejales electos en cada Partido Judicial puedan dirigir su voto de forma unitaria a los correspondientes diputados provinciales.
Las elecciones europeas son las menos influidas negativamente por la actual Ley Electoral, ya que la circunscripción es todo el territorio. En este sentido, los aspectos programáticos cobran la máxima importancia y permiten multitud de soluciones de acuerdos de trabajo conjunto, sin que la unidad en una misma candidatura tenga influencia positiva sobre los resultados.
Una vez resueltas las convocatorias electorales, podremos comenzar a caminar con rigor en alianzas más profundas.
Como dijo Rosa Luxemburgo, cuyo aniversario también hemos celebrado estos días, “Golpear juntos, caminar separados” y ello, hasta que podamos caminar más cerca y en la misma dirección.
