En la búsqueda de cuidar y proteger al medio ambiente, se apuesta por las soluciones donde la eficiencia energética esté presente. Gracias a un decreto enfocado en este tema, las empresas deben buscar de manera obligatoria alternativas que les permitan mejorar la eficiencia energética en sus procesos, para formar parte de este cambio que busca mejorar el mundo.
¿De qué va este decreto?
Las empresas actuales deben conocer al menos el resumen del Decreto 56/2016, de esta manera pueden estar al tanto de las exigencias que deben cumplir de acuerdo a las normativas legales que buscan mejorar la eficiencia energética, para así reducir el consumo de electricidad y los problemas que esto conlleva.
Este decreto tiene como objetivo principal tomar acciones por parte de las empresas para mejorar el ahorro energético primario consumido por ellas en sus diferentes procesos, así como optimizar el consumo de electricidad de los equipos, los sistemas y las instalaciones que utilicen.
A través del decreto, las empresas pueden conocer las diferentes directrices establecidas y que se deben seguir de manera obligatoria, para realizar de manera correcta las auditorías energéticas exigidas por las autoridades.
¿Cómo acreditar que se cumple con este decreto?
La manera de acreditar que se cumple lo establecido por el decreto, es a través de una auditoría energética, la cual debe realizarse de forma obligatoria cada 4 años, contando desde la fecha de la última auditoría realizada por cada empresa.
La auditoría debe cubrir al menos un 85% del consumo total energético de las instalaciones y de los equipos de las empresas.
Se debe realizar la auditoría por medio de auditores energéticos cualificados, que conozcan las formas más eficientes de aprovechar y ahorrar la energía utilizada por las empresas. Además, los datos sobre el consumo energético deben ser nuevos y verificables.
La auditoría realizará una evaluación del consumo energético de los edificios, las instalaciones y hasta de las flotas de coches que utilicen las empresas para sus diferentes procesos.
Usando como base los análisis del coste del ciclo de vida, esto permitirá conseguir información de los valores residuales, tanto de las inversiones a largo plazo como de las tasas de descuento.
Todos los resultados obtenidos en la auditoría deben proporcionar una imagen honesta del rendimiento de la energía en la empresa, así como las oportunidades para mejorar diferentes aspectos, con el fin de alcanzar el ahorro y el consumo energético exigido por este decreto.
La auditoría, como ya hemos mencionado antes, se debe realizar por medio de auditores energéticos cualificados, para asegurar que su perfil cumple con lo necesario, así que estos deben contar con la documentación identificativa y una larga experiencia técnica.
Además, deben contar con diferentes medios técnicos para proveer servicios de electricidad en la zona de actividad de la empresa, así como un seguro de responsabilidad civil u otro parecido.
Por último, debe cumplir con los requisitos de las empresas instaladoras y mantenedoras, en caso de ofrecer estos servicios.
Contar con un equipo profesional que se encargue de esta auditoría, será la mejor manera para que las empresas puedan aplicar, de forma efectiva y rápida, las directrices establecidas en este decreto.
Sanciones a tener en cuenta
Son muchas las sanciones incumplimiento auditorías energéticas que pueden provocar pérdidas económicas en las empresas, y es que dependiendo de la gravedad de las infracciones, las empresas deberán pagar una cantidad determinada de dinero.
Las infracciones leves, de entre 300 a 1.000 euros, tienen que ver con no comunicar la realización de la auditoría energética a las entidades competentes, para después ser añadida en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas. También, otros incumplimientos en los deberes y obligaciones relacionadas con este tema, siempre y cuando no sean graves o muy graves.
Las infracciones graves, con precios de entre 1.001 a 10.000 euros, tienen que ver con realizar una auditoría sin que se alcancen los mínimos determinados legalmente, incumplir con los análisis de precios, no tener instalados contadores de consumo, entre otros.
Mientras que las infracciones muy graves, cuyo valor a pagar puede estar entre 10.001 a 60.000 euros, tienen que ver con no realizar la auditoría energética en el plazo correspondiente, o bien, incumplir con el contrato del seguro de responsabilidad civil.
