José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la Guardia Civil por presuntas investigaciones ilegales en su contra. Según Ábalos, la benemérita habría interceptado un sobre dirigido a él sin contar con la autoridad necesaria, dado que se encuentra aforado y no se ha aprobado el suplicatorio del Congreso para retirar su inmunidad. Además, sostiene que en el momento de la supuesta interceptación, el caso no había llegado al Tribunal Supremo.
Esta acción podría interpretarse como una estrategia de defensa en un contexto judicial delicado. Algunos analistas sugieren que podría tratarse de un intento de deslegitimar las pruebas recabadas contra él, lo que podría complicar aún más su situación legal. El exministro parece ahondar en una táctica que busca desacreditar a las instituciones, un movimiento que ha cobrado fuerza en los últimos tiempos, donde el gobierno ha dirigido sus críticas no solo hacia el Partido Popular, sino también hacia jueces y medios de comunicación.
Es importante destacar que, aunque Ábalos tiene el derecho de querellarse contra cualquier entidad, las investigaciones en curso parecen estar bien fundamentadas. El Tribunal Supremo ha solicitado un suplicatorio al Congreso tras identificar indicios de cuatro delitos en el comportamiento del exministro. Asimismo, la juez Peinado ha manifestado sospechas de delitos similares en Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, así como en el hermano de Sánchez, cuya investigación está a cargo de un juez en Badajoz.
Las afirmaciones de conspiraciones en su contra no tienen sustento. La realidad es que las instituciones judiciales están llevando a cabo investigaciones basadas en indicios concretos. Si el entorno de Sánchez cuestiona la credibilidad de ciertos imputados, también deberían aplicar el mismo criterio a Ábalos y a otras figuras implicadas, quienes se encuentran en situaciones jurídicas análogas.
