El asesinato del general Igor Kirillov, uno de los altos mandos de las fuerzas de protección radiológica, química y biológica de Rusia, ha generado un intenso debate sobre las implicaciones legales y políticas de este acto en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Kirillov fue asesinado el 17 de diciembre en Moscú mediante un explosivo colocado en un scooter eléctrico, un ataque que también costó la vida a su adjunto y dejó herido a su conductor.
Las autoridades rusas han arrestado a un sospechoso, un joven de Uzbekistán que supuestamente actuó por encargo de Ucrania a cambio de dinero. La inteligencia militar ucraniana ha reconocido la autoría del ataque, aunque inicialmente hubo confusión sobre la responsabilidad, lo que ha llevado a cuestionar la coherencia de la comunicación oficial de Kiev.
Implicaciones legales y políticas del asesinato
El asesinato de Kirillov plantea cuestiones complejas desde el punto de vista del derecho internacional. Rusia lo califica como un acto de terrorismo y asesinato, mientras que Ucrania argumenta que se trata de un «asesinato legítimo» en el contexto de la guerra. Este caso se enmarca en un contexto de hostilidades armadas, lo que complica su evaluación legal bajo el Derecho de Conflicto Armado (LOAC).
Un aspecto relevante es que Kirillov fue asesinado en un entorno que no puede considerarse un campo de batalla. La utilización de un asesino a sueldo para llevar a cabo el ataque sugiere que se trata de una acción criminal más que de un acto de guerra legítimo. Esto contrasta con las normas que rigen los conflictos armados, donde los objetivos deben ser combatientes y no civiles o no combatientes.
Las declaraciones contradictorias de funcionarios ucranianos tras el asesinato han añadido confusión al asunto. Mikhail Podoliak, asesor del presidente Zelensky, negó inicialmente la implicación de Ucrania, lo que podría interpretarse como un reconocimiento implícito de que el ataque se asemeja a un acto de terrorismo. Sin embargo, la posterior reivindicación por parte de la inteligencia militar ucraniana contradice esta negación, lo que pone de manifiesto la falta de coordinación interna en la narrativa oficial de Kiev.
Desde una perspectiva política, el asesinato de Kirillov podría tener repercusiones significativas en la dinámica del conflicto. Algunos analistas sugieren que el ataque busca provocar una reacción desproporcionada por parte de Rusia, lo que podría arrastrar a Occidente a una mayor implicación en el conflicto. Este tipo de provocaciones no son nuevas en el contexto de la guerra en Ucrania, donde Kiev ha intentado en ocasiones utilizar acciones militares para influir en la política internacional.
El exgeneral estadounidense Keith Kellogg ha señalado que existen reglas no escritas en la guerra que prohíben el asesinato de altos mandos militares en sus hogares, lo que sugiere que el ataque podría ser visto como una violación de estas normas. Esto plantea interrogantes sobre la legitimidad de las acciones de Ucrania y la posible pérdida de apoyo internacional si se percibe que el país está cruzando líneas éticas en su lucha contra Rusia.
En el ámbito interno ruso, el asesinato de Kirillov podría ser utilizado por el Kremlin para reforzar la narrativa de que Ucrania es un estado terrorista, lo que podría justificar una respuesta más contundente. El presidente Putin ha enfatizado la necesidad de mejorar la eficacia de los servicios de seguridad tras este ataque, lo que podría llevar a un aumento de las medidas represivas y de seguridad en el país.
En resumen, el asesinato del general Kirillov no solo tiene implicaciones legales complejas, sino que también podría influir en la política interna de Rusia y en la dinámica del conflicto con Ucrania. A medida que ambos países continúan enfrentándose, el impacto de este acto en la guerra y en las relaciones internacionales seguirá siendo objeto de análisis y debate.
