El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado un recurso de reforma ante el Tribunal Supremo con el objetivo de solicitar la nulidad de la causa que se ha abierto en su contra en el marco del denominado ‘caso Koldo’. La defensa de Ábalos argumenta que se han vulnerado sus derechos fundamentales y denuncia haber sido objeto de una «investigación ilegal» por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En su escrito, el equipo legal del exministro impugna también la decisión de solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados, necesario para levantar su inmunidad parlamentaria. Según la defensa, el auto del magistrado Leopoldo Puente, que fundamenta esta solicitud, se basa en «tres únicas diligencias» que no justificarían la apertura de la causa.
Violación del secreto de las comunicaciones
Uno de los aspectos más relevantes del recurso presentado por Ábalos es la acusación de que la UCO habría interceptado sus mensajes privados, a pesar de que cuenta con la condición de aforado como diputado. En el documento enviado al Supremo, se indica que la UCO accedió a documentación enviada a Ábalos a través de su exasesor, Koldo García, en una operación que involucró al Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil. El recurso detalla que el 4 de noviembre de 2023, los agentes interceptaron una furgoneta que transportaba dicha documentación entre Alicante y Valencia, donde encontraron un sobre con el nombre de «José Luis Ábalos Meco», cerrado y con el sello oficial del Ministerio de Transportes. La defensa considera que estas acciones constituyen una «violación flagrante» del secreto de las comunicaciones y la correspondencia, protegido por la Constitución española, lo que debería invalidar todo el procedimiento.
El escrito también cuestiona la validez de los elementos que sustentan las acusaciones contra Ábalos, argumentando que no existe prueba documental que demuestre que el exministro recibió beneficios económicos relacionados con la presunta adjudicación irregular de contratos públicos. La defensa sostiene que las acusaciones se basan «únicamente en las manifestaciones» de De Aldama, quien, según ellos, no debería ser considerado una fuente de prueba sólida. Asimismo, se aborda el tema de los presuntos beneficios inmobiliarios que Ábalos habría recibido, como el alquiler de una vivienda en la Plaza de España de Madrid y un chalet en Cádiz. La defensa sostiene que el exministro no obtuvo ningún beneficio del alquiler del piso, que fue utilizado por su expareja, y que pagó todas las rentas del chalet, argumentando que se han presentado las documentaciones pertinentes que respaldan estas afirmaciones. Con este recurso, Ábalos busca frenar una investigación que podría tener repercusiones en su carrera política.
