El auge del cibercrimen en 2024: un panorama alarmante
En el último año, el cibercrimen ha alcanzado niveles sin precedentes, convirtiéndose en la tercera economía mundial, solo superada por Estados Unidos y China. En 2024, las pérdidas por ataques cibernéticos se han elevado a 10.000 millones de euros, el doble que en 2023. Este fenómeno ha llevado a que uno de cada cinco delitos a nivel global se cometan a través de internet, y en España, un 25% de todas las infracciones denunciadas se hayan producido en el entorno digital. Las pequeñas empresas y las instituciones públicas, como hospitales y ministerios, no están exentas de estos ataques, que se motivan principalmente por el espionaje, la ideología y el interés financiero.
El informe de S21sec revela que España se ha posicionado como el quinto país más afectado por ciberataques, con 58 incidentes de ransomware registrados en el primer semestre de 2024, un aumento del 38% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este tipo de malware, que busca secuestrar datos y exigir rescates a las víctimas, ha cobrado especial relevancia, llevando a las empresas a desembolsar cifras récord en pagos a ciberdelincuentes. A pesar de la falta de estadísticas precisas sobre cuántas organizaciones acceden a pagar, se estima que un 76% de las víctimas optan por abonar las cantidades exigidas para recuperar el control de sus sistemas.
La evolución de las técnicas de los ciberdelincuentes ha sido notable, con un uso creciente de la inteligencia artificial para personalizar y perfeccionar los ataques. Esto ha llevado a un incremento en la efectividad de las estafas, que a menudo se basan en la ingeniería social, manipulando a las personas para que revelen información confidencial. Las áreas más vulnerables incluyen el sector de la salud, que maneja datos sensibles, y la industria energética, que ha visto un aumento significativo en los ataques debido a la importancia de la información que gestiona. Ante este panorama, la necesidad de reforzar la ciberseguridad es más urgente que nunca, y la formación de los usuarios en buenas prácticas digitales se presenta como una herramienta clave para mitigar estos riesgos.
