El empresario Víctor de Aldama, señalado como el presunto intermediario en el ‘caso Koldo’, compareció ante el Tribunal Supremo, donde afirmó haber entregado 10.000 euros mensuales al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor, Koldo García. Según Aldama, estas entregas se realizaron «de buena fe» y con la expectativa de obtener «beneficios futuros» en forma de adjudicaciones de contratos de obra pública. A lo largo de su declaración, que tuvo una duración aproximada de dos horas y media, el empresario subrayó que las cantidades entregadas eran relativamente «risorias» en comparación con el posible monto que podría recibir por los contratos, que ascendía a «millones de euros».
Relación y dinámica de pagos
Aldama detalló que el pago no generaba una contraprestación inmediata, pero consideraba que el riesgo asumido era válido dada la relevancia de quienes recibían el dinero. «No me lo estaba pidiendo cualquiera, me lo estaba pidiendo el asesor del ministro de Transportes», declaró. Aunque inicialmente Koldo García era quien recibía las cantidades, Aldama aseguró que en ocasiones también estuvo presente Ábalos, y que las entregas de dinero se realizaron en su domicilio y en el despacho ministerial. Además, afirmó que el motivo detrás de ofrecer comisiones era que, si no se pagaban, era probable que su propuesta fuera desestimada, a pesar de que la oferta presentada por su empresa para la adquisición de material sanitario era la más competitiva.
El empresario también mencionó que parte de las comisiones que entregaba a Ábalos y García tenían como destino el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Aldama indicó que Koldo García le había mencionado en varias ocasiones que una porción de ese dinero iba destinada al partido, aunque no pudo especificar la cuantía exacta. Asimismo, se abordó el tema de un presunto pago de 15.000 euros al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, relacionado con una empresa que estaba licitando obras en el País Vasco.
Profundizando en su relación con Ábalos, Aldama afirmó que había establecido una «confianza» que le permitía acceder al Ministerio de Transportes sin ningún tipo de control. Aseguró que sus matrículas estaban autorizadas, lo que le permitía entrar por la entrada principal del ministro y utilizar el ascensor destinado a su uso. Estas declaraciones revelan la supuesta cercanía y complicidad entre el empresario y altos cargos del Gobierno, en el contexto de un caso que continúa generando controversia y debate en la esfera política y judicial española.
