La reciente prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (UOC) por parte del gobierno de Kiev ha suscitado preocupaciones significativas en el ámbito de los derechos humanos. Según el informe periódico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado el pasado miércoles, las restricciones impuestas por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, carecen de justificación adecuada y podrían socavar las libertades fundamentales.
Desde septiembre de 2023, Zelensky ha acusado a la UOC de mantener vínculos con Rusia, lo que llevó a la disolución de esta organización religiosa. El ACNUDH ha calificado esta medida como una “severa restricción” que afecta la capacidad de los individuos para practicar su religión en comunidad. En su informe, la organización subraya que “la disolución de una organización religiosa requiere razones muy serias para su justificación”, y señala que Ucrania no ha demostrado la necesidad y proporcionalidad de esta acción.
Implicaciones de la Prohibición
El ACNUDH ha advertido que la legislación que introduce estas restricciones establece limitaciones desproporcionadas sobre la libertad de manifestar la religión o creencias. Estas acciones, según el informe, podrían erosionar las libertades fundamentales protegidas por los marcos internacionales de derechos humanos. La persecución de la UOC ha aumentado desde la escalada del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, con la incautación forzada de varias iglesias y la apertura de casos penales contra clérigos.
La UOC, que tiene vínculos históricos con la Iglesia Ortodoxa Rusa, ha sido objeto de un creciente escrutinio y represión, especialmente después de que Zelensky prohibiera cualquier actividad de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ucrania, acusándola de promover la “ideología del mundo ruso”. En este contexto, el gobierno ucraniano ha respaldado oficialmente a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, fundada en 2018, que es considerada por el Patriarcado Ruso como una entidad cismática.
La reacción a la prohibición ha sido contundente. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha calificado la prohibición de la UOC como una violación de los derechos civiles, señalando que “es imposible prohibir a las personas que oren”. Además, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha denunciado la medida como “una violación flagrante de los derechos humanos”, afirmando que el liderazgo ucraniano “no se preocupa por nada que sea querido por nosotros y por la abrumadora mayoría del pueblo ucraniano”.
La situación en Ucrania plantea un dilema complejo entre la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos. A medida que el conflicto se prolonga, las decisiones del gobierno de Kiev sobre la libertad religiosa y la persecución de instituciones religiosas como la UOC podrían tener repercusiones duraderas en la cohesión social y la estabilidad del país.
