El reciente cambio de teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha suscitado una creciente preocupación en el ámbito judicial y mediático. Este cambio tuvo lugar el 23 de octubre, justo una semana después de que el alto tribunal iniciara una causa penal en su contra. Además, se produjo antes de que el juez Ángel Hurtado ordenara el registro del despacho del fiscal para requisar sus teléfonos y correos electrónicos, diligencia que se llevó a cabo el 30 de octubre. Esta secuencia de hechos plantea interrogantes sobre la posibilidad de que el cambio de dispositivo haya interferido con la investigación en curso.
Implicaciones del cambio de dispositivo
La investigación dio un giro significativo el 30 de noviembre, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) registró la sede de la Fiscalía General y confiscó el móvil de García Ortiz. Sin embargo, los agentes no encontraron mensajes correspondientes al periodo crítico entre el 8 y el 14 de marzo, en relación con las presuntas filtraciones de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este vacío en la evidencia ha generado sospechas, especialmente considerando que en el dispositivo de otra persona implicada en el caso sí se hallaron mensajes relevantes. En respuesta a las críticas, la fiscalía argumentó que el borrado de mensajes es una práctica común en ciertos entornos laborales, aunque esta justificación no ha convencido a todos.
Los expertos en tecnología han señalado que, en condiciones normales, las conversaciones de aplicaciones de mensajería como WhatsApp se almacenan en bases de datos internas del dispositivo, independientemente de si se realizan copias de seguridad en la nube. Sin embargo, si el móvil fue restaurado a su configuración de fábrica o destruido, recuperar la información sería prácticamente imposible. El cambio de dispositivo también plantea interrogantes sobre si se transfirieron datos del móvil antiguo al nuevo, ya que el usuario tiene la opción de restaurar información desde una copia en la nube. La falta de mensajes en ambos dispositivos complica la tarea de la UCO para reconstruir las comunicaciones del fiscal durante el periodo investigado, obligándoles a depender de pruebas indirectas, lo que podría impactar la solidez del caso.
