El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado al Tribunal Supremo la apertura de una investigación sobre la filtración a los medios de comunicación de los vídeos de su declaración, así como la de su ex asesor Koldo García y el presunto cabecilla de la trama, Víctor de Aldama. Esta petición se enmarca en lo que Ábalos describe como un «juicio paralelo» al que se está viendo sometido. Su defensa ha manifestado que la difusión de estas grabaciones, que fueron ofrecidas de manera voluntaria, se ha producido antes de que el exministro y su equipo legal tuvieran acceso a ellas, lo cual consideran una vulneración de sus derechos. El abogado del exministro ha subrayado que el conocimiento de las grabaciones debería ser prioritario para el Ministerio Fiscal y las partes implicadas, y no para los medios de comunicación.
Filtraciones y derechos vulnerados
Ábalos ha expresado su indignación ante la filtración de las declaraciones, argumentando que esto ha contribuido a un ambiente de juicio mediático que afecta su imagen pública y reputación. En su mensaje en la red social X, Ábalos ha señalado que la situación se ha agravado por la difusión de información relacionada con su defensa antes de que se le hubiera proporcionado acceso a ella en el contexto del Caso Delorme. Según sus declaraciones, esta secuencia de filtraciones busca generar un clima desfavorable en torno a su persona, lo que él considera un ataque a su integridad personal y política. Este escenario ha llevado al exministro a solicitar al magistrado Leopoldo Puente que se investigue la situación de manera formal.
Por otro lado, José Luis Ábalos ha presentado un recurso de súplica en el que solicita la nulidad de la investigación, alegando que la Sala de lo Penal del Supremo solicitó el suplicatorio al Congreso de los Diputados sin ofrecer a su defensa la oportunidad de recurrir. Según Ábalos, el proceso se llevó a cabo de manera apresurada, lo que impidió que su equipo legal pudiera presentar alegaciones adecuadas. El exministro ha manifestado su intención de defender sus alegaciones personalmente ante la Comisión del Estatuto de los Diputados, reiterando su compromiso de comparecer ante las instituciones y la opinión pública en todo momento. Este caso pone de relieve la compleja interacción entre el sistema judicial español y la cobertura mediática de procesos legales, así como las implicaciones que estas filtraciones pueden tener en la percepción pública de los implicados.
