El reciente anuncio de la abolición de la pena de muerte en Zimbabue ha suscitado un debate sobre el compromiso del país con los derechos humanos. El diputado Shacky Timburwa, del partido gobernante Zimbabwe African National Union – Patriotic Front, ha defendido esta decisión como una prueba de la voluntad del país de respetar los derechos fundamentales, a pesar de las críticas que recibe desde el extranjero.
El 31 de diciembre de 2024, el presidente zimbabuense, Emmerson Mnangagwa, firmó la Ley de Abolición de la Pena de Muerte, que fue aprobada previamente por el Senado. Timburwa ha declarado que esta medida es un claro indicativo de que Zimbabue está haciendo todo lo posible por respetar los derechos humanos, en contraposición a la imagen negativa que algunos sectores intentan proyectar sobre el país.
Críticas a las sanciones internacionales
El legislador ha señalado que potencias mundiales como Estados Unidos imponen sanciones a naciones que supuestamente violan los derechos humanos, a pesar de que su propio historial no es impecable. Timburwa ha instado a Washington a aprender de otros países que promueven la protección de los derechos humanos, sugiriendo que la crítica internacional a Zimbabue podría ser más justa si se considera el contexto global.
Desde 1980, Zimbabue ha ejecutado a 79 personas, siendo la última ejecución en 2005. Desde entonces, el país ha mantenido una moratoria de facto sobre la pena de muerte. Actualmente, hay alrededor de 60 reclusos en el corredor de la muerte, cuyas sentencias se espera que sean conmutadas tras la nueva legislación. Sin embargo, Timburwa ha subrayado que la ley permite la reinstauración de la pena capital en caso de emergencia pública, argumentando que esta disposición es necesaria para abordar posibles actos de terrorismo o traición.
Con la abolición de la pena de muerte, Zimbabue se convierte en el trigésimo país de África en eliminar esta práctica, mientras que otros dieciocho países mantienen una moratoria de facto. La decisión de Zimbabue podría interpretarse como un paso hacia la modernización de su sistema judicial y un intento de mejorar su imagen internacional en materia de derechos humanos.
