2025 se perfila como un año de gran actividad en el ámbito judicial en España. Las investigaciones en torno a los casos Koldo y Begoña Gómez continuarán, mientras que Íñigo Errejón comparecerá por primera vez ante un juzgado por una presunta agresión sexual. Asimismo, se llevarán a cabo dos juicios significativos: el de la familia Pujol y el denominado «caso mascarillas», en el que se juzgará a Luis Medina y Alberto Luceño.
Sin embargo, antes de que el nuevo año comience, esta misma semana se llevarán a cabo tres juicios relevantes en diferentes juzgados del país. El primero de ellos tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Oviedo, donde se iniciará el juicio contra Francisco Álvarez Cascos, exvicepresidente del Gobierno. Este exministro del Ejecutivo de José María Aznar se enfrenta a una pena de tres años y medio de prisión por un presunto delito de apropiación indebida. El proceso judicial dará inicio el martes 7 de enero, con la declaración del propio Álvarez Cascos, y se espera que no finalice hasta finales del mes.
Investigaciones de alto perfil en marcha
El miércoles 8 y el jueves 9 de enero, el Tribunal Supremo acogerá la continuación de la instrucción sobre un caso que investiga la posible revelación de secretos. Este caso está relacionado con la supuesta difusión de datos personales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien se encuentra bajo investigación por fraude fiscal. El juez Ángel Luis Hurtado ha convocado a ocho periodistas y al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como testigos en este proceso.
El mismo jueves 9 y el viernes 10, la atención se centrará en un juzgado de Badajoz, donde David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será investigado. Junto a él, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Extremadura, también se encuentra bajo la lupa judicial. La magistrada Beatriz Biedma ha imputado a Sánchez varios presuntos delitos, incluidos tráfico de influencias y prevaricación, en relación con la posible creación de un puesto de trabajo a medida para él como coordinador de conservatorios, algo que el imputado niega rotundamente.
