La corporación minera canadiense Barrick Gold ha anunciado la suspensión de sus operaciones en Malí debido a un prolongado conflicto con el gobierno militar del país africano, que se centra en la acusación de impuestos no pagados. Esta decisión se produce en un contexto de tensiones crecientes entre la empresa y las autoridades malinas, que han tomado medidas drásticas en relación con las operaciones de Barrick.
Según la compañía, las autoridades malinas han confiscado existencias de oro de su complejo Loulo-Gounkoto, situado en el oeste del país, y las han transferido a un banco custodio, lo que ha bloqueado efectivamente el envío y la venta del metal precioso. Fuentes citadas por Reuters informan que el gobierno ha retirado aproximadamente tres toneladas de oro, valoradas en 245 millones de dólares, de los sitios mineros y las ha transportado en helicóptero.
Conflicto por el control de recursos
Desde 2023, Barrick Gold ha estado en desacuerdo con Malí sobre un nuevo contrato de extracción que otorgaría al estado más control sobre sus minerales. Malí, un antiguo territorio francés y uno de los principales productores de oro de África, ha buscado aumentar sus ingresos del sector minero desde que un golpe de estado llevó al poder a un gobierno militar en 2020. En este contexto, el país aprobó un nuevo código minero que permite al gobierno poseer hasta el 30% de cualquier nuevo proyecto.
En septiembre, Barrick había anunciado que había llegado a un acuerdo preliminar con el gobierno militar para resolver las disputas sobre concesiones. Sin embargo, las tensiones han escalado desde entonces, con la detención de altos ejecutivos de Barrick y la emisión de una orden de arresto contra su CEO, Mark Bristow, por cargos de blanqueo de capitales, acusaciones que la empresa ha negado.
El gobierno maliense había demandado anteriormente alrededor de 500 millones de dólares en impuestos no pagados a Barrick. El 24 de octubre, la corporación anunció que había pagado 85 millones de dólares como parte de las «negociaciones en curso». Sin embargo, la situación se ha complicado aún más, ya que un juez maliense emitió una orden para la incautación de tres toneladas de oro, y el ministerio de economía del país afirma que Barrick le debe 5.5 mil millones de dólares.
La semana pasada, Barrick comunicó que no había podido enviar oro desde sus sitios mineros en Malí debido a una «orden de embargo provisional», que considera en «contradicción con los mecanismos de resolución de disputas acordados». Como resultado, la compañía ha decidido suspender temporalmente sus operaciones mientras trabaja para encontrar una solución al conflicto.
En diciembre, Barrick presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para resolver el conflicto con Malí sobre el complejo Loulo-Gounkoto. Este caso pone de manifiesto las tensiones crecientes entre las empresas mineras extranjeras y los gobiernos africanos, que buscan una mayor participación en los beneficios de sus recursos naturales en un contexto de precios en alza del oro.
