Las fuerzas de defensa israelíes han sido acusadas de cometer un posible crimen de guerra tras la muerte de una anciana palestina durante una operación en el campamento de refugiados de Balata, cerca de Nablus, en Cisjordania. Halima Abu Leil, de 80 años, fue abatida el 19 de diciembre mientras realizaba una compra. Según informes, recibió seis disparos por parte de las tropas israelíes en lo que se ha descrito como una actividad de «contraterrorismo».
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, ha declarado a Sky News que el incidente podría considerarse un asesinato en «frío» y un posible crimen de guerra, dado que no se tomaron las precauciones necesarias para proteger la vida civil. Albanese subrayó que el uso de fuerza desproporcionada y la falta de distinción entre combatientes y civiles son violaciones graves del derecho internacional.
Uso de vehículos médicos en operaciones militares
Un análisis de las imágenes de CCTV del suceso revela que las tropas israelíes utilizaron un vehículo marcado como ambulancia para infiltrarse en el campamento, lo que podría constituir una violación de las Convenciones de Ginebra. La familia de Abu Leil ha expresado su deseo de que el video sea difundido, resaltando que su madre, una anciana, fue disparada incluso después de haber caído al suelo tras el primer tiro.
La declaración del ejército israelí indica que el incidente está siendo revisado, y se compromete a operar de acuerdo con la ley internacional. Sin embargo, la ONU ha señalado que cualquier asesinato deliberado de palestinos desarmados por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en los territorios ocupados es ilegal y podría ser considerado un crimen de guerra.
Desde el inicio de la ofensiva militar de Israel contra Hamas en Gaza el 7 de octubre de 2023, se ha informado de la muerte de 813 palestinos, la mayoría de ellos desarmados, en Cisjordania, incluidos 15 mujeres y 177 niños, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Este contexto agrava la preocupación por el uso de la fuerza por parte de las autoridades israelíes y su impacto en la población civil palestina.