El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido declarar una emergencia nacional en el sector energético tan pronto como asuma el cargo, en un intento por reducir drásticamente los precios de la electricidad y la gasolina. En un mitin celebrado en Michigan, Trump aseguró que la declaración de emergencia le permitiría «aumentar de manera dramática la producción, generación y suministro de energía».
Trump ha reiterado su intención de emitir una serie de órdenes ejecutivas que revertirían las políticas de la administración Biden en materia de exportaciones de gas natural, perforaciones y estándares de emisiones. Para ello, planea establecer un Consejo Nacional de Energía, liderado por el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, quien ha manifestado que esta iniciativa se formalizará mediante una orden ejecutiva.
Posibles acciones y autoridades de emergencia
Existen precedentes claros que le permitirían a Trump invocar la autoridad de emergencia para potenciar la generación de energía y ampliar el suministro de combustible. Según expertos en políticas energéticas, podría utilizar la Ley de Aire Limpio para permitir la comercialización de gasolina que, de otro modo, violaría los estándares federales de calidad del aire. Este tipo de excepciones han sido comunes en momentos de necesidad de estirar el suministro de gasolina y mantener los precios bajo control.
Además, Trump podría invocar la Ley Federal de Energía para ordenar a las plantas eléctricas operar a máxima capacidad, sin cumplir con los límites de contaminación. Esta legislación ha sido raramente utilizada desde la Segunda Guerra Mundial y suele aplicarse en situaciones de emergencia, como desastres naturales que agoten la capacidad de las plantas.
En el contexto actual, la mayor operadora de red en EE. UU., PJM Interconnection, ha advertido sobre una posible escasez de energía, ya que las plantas de carbón están siendo desmanteladas más rápidamente de lo que se puede instalar nueva capacidad. A medida que la demanda eléctrica crece, especialmente debido a las exigencias del sector tecnológico, la situación podría volverse más crítica.
Trump también podría optar por un estatuto más amplio que le permita suspender leyes de contaminación para diversas instalaciones industriales en situaciones de emergencia. Sin embargo, la capacidad del presidente para forzar una nueva producción es más limitada; aunque puede dirigir a las agencias federales para acelerar revisiones ambientales, no puede eludir políticas ambientales fundamentales.
Se anticipa que Trump emita órdenes ejecutivas que levanten la pausa sobre nuevas instalaciones de exportación de gas natural licuado y que intenten revertir la decisión de Biden de prohibir la perforación en 625 millones de acres de aguas federales. Estas acciones, aunque esperadas, podrían enfrentar desafíos legales significativos.
La administración de Trump podría retirar a EE. UU. del acuerdo climático de París, así como implementar órdenes ejecutivas que afecten los estándares de emisiones y la economía de combustible de los automóviles. Sin embargo, los cambios inmediatos que se pueden realizar a través de órdenes ejecutivas son limitados, y el sector energético está más enfocado en buscar cambios políticos duraderos en el Congreso, controlado por los republicanos.
