La magistrada Inmaculada Iglesias, responsable de la investigación sobre la presunta comisión de delitos fiscales, ha accedido a la solicitud de la defensa para suspender las declaraciones de los investigados programadas para el próximo 7 de febrero. Este aplazamiento se debe a que ese mismo día hay un señalamiento previo en el Juzgado de Primera Instancia número 46, además de que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene un viaje profesional programado entre el 4 y el 12 de febrero.
Motivos de la suspensión
La instructora había decidido citar a declarar a Alberto González, pareja de Ayuso, junto con otros investigados tras estimar un recurso presentado por la acusación popular, conformada por el PSOE y Más Madrid. Esta decisión se tomó a raíz de una solicitud de la Fiscalía de Madrid, que instó a la jueza a iniciar las declaraciones, dado que la instrucción se encuentra al borde de agotarse, con un plazo que finaliza el próximo mes de marzo.
Cabe recordar que la defensa de González ya había solicitado un aplazamiento en noviembre pasado, cuando se programó una declaración para el 29 de ese mes. Esta suspensión se produjo en espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera un recurso interpuesto por su abogado, relacionado con la apertura de una pieza separada en la que se indagan posibles delitos adicionales. En su escrito, la defensa argumentó que tanto la pieza principal como la separada comparten un hecho central que podría afectar a la liquidación tributaria en cuestión.
Las comparecencias estaban inicialmente previstas para el 24 de junio del año anterior, pero la acusación popular, que representa a PSOE y Más Madrid, solicitó también su aplazamiento. Esto fue motivado por la necesidad de investigar cinco nuevos delitos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria. En octubre, la jueza decidió abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Ayuso habría cometido diferentes delitos mediante el uso de una empresa para ocultar ingresos relacionados con el Grupo Quirón. Un informe de la Agencia Tributaria alertó sobre una posible operación fraudulenta en 2021, en la que se habría utilizado una sociedad pantalla para eludir obligaciones fiscales.