El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha exigido al FBI que entregue los nombres del «equipo central» que llevó a cabo las investigaciones sobre los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Según informes de CNN, el FBI ha cumplido con esta demanda, proporcionando detalles sobre más de 5,000 empleados involucrados en las pesquisas, aunque ha decidido no revelar sus nombres debido a preocupaciones sobre posibles represalias.
Los disturbios del 6 de enero, en los que miles de partidarios del expresidente Donald Trump intentaron interrumpir la certificación de los resultados de las elecciones de 2020, resultaron en la muerte de cinco personas y dejaron a alrededor de 140 agentes de policía heridos. A raíz de estos eventos, más de 1,500 personas han sido acusadas de delitos federales. En un acto controvertido, Trump firmó dos órdenes ejecutivas el primer día de su segundo mandato, conmutando las penas de 14 personas relacionadas con los disturbios y perdonando a todos los demás condenados, además de ordenar el cese de la «utilización del gobierno federal como arma».
Demandas del Departamento de Justicia
En cumplimiento de las demandas del DOJ, el FBI ha entregado números de identificación, títulos de trabajo y roles de más de 5,000 empleados en las investigaciones del 6 de enero, pero ha mantenido en secreto sus nombres, según fuentes anónimas citadas por CNN. Emil Bove, fiscal general adjunto interino, ha acusado al FBI de «insubordinación» por negarse a revelar las identidades de los agentes, según un correo interno al que han tenido acceso varios medios.
Bove ha solicitado repetidamente al FBI que «identifique al equipo central» involucrado en la investigación del 6 de enero. En un comunicado, el DOJ ha emitido una directiva para «obtener un conjunto de datos completo», que permita identificar al equipo central que será objeto de revisión en relación con la utilización del FBI como arma, conforme a la orden ejecutiva. El objetivo de esta revisión no es procesar a aquellos que «simplemente siguieron órdenes», sino identificar a quienes actuaron con «intención corrupta o partidista», desafiaron a la dirección del FBI o «ejercieron discreción en la utilización del FBI como arma».
En respuesta a esta situación, agentes del FBI han presentado dos demandas federales contra el DOJ y el fiscal general interino de EE. UU., James McHenry, buscando proteger las identidades de hasta 6,000 empleados de posibles represalias. Según la demanda colectiva presentada por nueve agentes anónimos, «los demandantes temen razonablemente» que la información proporcionada por la agencia pueda ser publicada, «poniendo así a ellos y a sus familias en peligro inmediato de represalias» por parte de personas condenadas en los casos del 6 de enero.
Los documentos de la demanda sostienen que «el mero acto de compilar listas de personas que trabajaron en asuntos que incomodaron a Donald Trump es de naturaleza retaliatoria». Esta situación refleja las tensiones existentes entre el Departamento de Justicia y el FBI, así como las implicaciones más amplias de la política estadounidense contemporánea, donde la lealtad y la rendición de cuentas se encuentran en el centro del debate público.
