El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, compareció este martes ante la Comisión de Justicia del Senado en un contexto marcado por su reciente imputación por un delito de revelación de secretos, relacionado con el fraude fiscal que involucra a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La comparecencia se enmarca en la presentación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023, un trámite que se había pospuesto durante varios meses. Sin embargo, el Partido Popular, que cuenta con la mayoría en la Cámara Alta, incluyó en el orden del día un punto adicional para que García Ortiz informara sobre su gestión al frente de la Fiscalía.
Defensa de la Fiscalía y críticas desde la oposición
Durante su intervención, García Ortiz defendió la labor de los 2.795 fiscales que, según afirmó, trabajan diariamente para promover la justicia y satisfacer el interés social. El fiscal general garantizó a la ciudadanía que el Ministerio Fiscal «ha actuado, actúa y actuará» de manera imparcial y en estricta sujeción a la ley. No obstante, su gestión ha estado bajo el escrutinio de la oposición, que ha exigido en numerosas ocasiones su dimisión tras la imputación en el Tribunal Supremo. La senadora del PP, María José Pardo, y la senadora de Vox, Paloma Gómez, cuestionaron la independencia de García Ortiz, sugiriendo que sus acciones se alinean con los intereses del gobierno de Pedro Sánchez.
Las críticas incluyeron acusaciones de que el fiscal general actúa como «protector» del presidente del Gobierno y cuestionaron la eliminación de sus mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, lo que fue calificado por Pardo como un comportamiento digno de un «vulgar delincuente». Esta situación ha generado un clima de tensión en la política española, donde la separación de poderes y la imparcialidad de la justicia son temas recurrentes en el debate público. García Ortiz, por su parte, reafirmó su compromiso con la legalidad y la independencia de la Fiscalía, en un momento en que su autoridad se encuentra bajo examen tanto en el ámbito político como en el judicial.
