Un informe reciente de RAND ha puesto de relieve los resultados de un programa piloto en California destinado a revisar las sentencias de los reclusos en el estado. La iniciativa, que se ha desarrollado a lo largo de tres años, ha permitido que un número limitado de personas obtenga nuevas sentencias, aunque se señala que son necesarias mejoras para acelerar la revisión de más casos.
El programa, que abarcó nueve condados, realizó una revisión inicial en más de 1,100 casos. Tras un análisis exhaustivo por parte de las fiscalías de los condados para determinar la idoneidad para la re-sentencia, 227 individuos recibieron nuevas sentencias y 174 de ellos fueron liberados de prisión a finales de septiembre de 2024, según el informe.
Un enfoque colaborativo en la revisión de sentencias
El Programa Piloto de Re-sentencia de Condados de California fue creado por la legislatura estatal con el objetivo de fomentar un enfoque colaborativo en el ejercicio de la discreción en la re-sentencia de los fiscales. Este proyecto se centró en casos donde la sentencia podría beneficiarse de una revisión adicional.
Un dato relevante es que el 56% de los casos referidos para re-sentencia involucraban a individuos mayores de 50 años. Además, el 79% de los casos se relacionaban con delitos contra las personas, siendo los más comunes el robo, asalto o agresión, y asalto con un arma mortal.
Los casos con sentencias de «tercer strike» fueron una prioridad clara para la revisión, ya que aunque solo el 7% de los reclusos en las prisiones estatales de los condados participantes cumplían una tercera condena, estos casos representaron el 43% del total de referencias para re-sentencia. En general, el 85% de los casos referidos presentaban al menos una mejora en la sentencia, como el incremento de la pena debido a condenas anteriores.
Los investigadores han recomendado varias mejoras para el programa, incluyendo un aumento en la financiación, la designación de jueces dedicados a supervisar los esfuerzos de re-sentencia en cada condado, capacitación para fiscales y defensores públicos, así como una estandarización de los factores a considerar en la revisión de casos.
Lois Davis, autora principal del informe y investigadora de políticas en RAND, señaló: «Aunque este proyecto de re-sentencia, pionero en su tipo, ha logrado cierto progreso en la revisión de sentencias, identificamos muchos cambios que podrían fortalecer y acelerar el ritmo de estas revisiones.»
Durante la última década, varios estados de EE.UU. han implementado estrategias para reducir la población penitenciaria, con el objetivo de proteger la seguridad pública y controlar el gasto en correcciones. Estas políticas incluyen la reducción de penas largas, la priorización de espacio en prisión para delincuentes violentos y reincidentes, la búsqueda de alternativas a la encarcelación para delitos menores no violentos, y la reducción de las revocaciones de libertad condicional y de prueba.
Nueve condados, entre ellos Contra Costa, Los Ángeles y San Francisco, recibieron financiación para participar en el programa piloto. Los participantes incluyeron la oficina del fiscal del condado y la oficina del defensor público, además de contar con la colaboración de organizaciones comunitarias en algunas jurisdicciones.
A pesar de que los criterios para identificar casos elegibles para la re-sentencia variaron ligeramente entre localidades, los programas generalmente se centraron en factores como la edad del recluso, el delito cometido y los detalles de la sentencia.
Los factores que facilitaron la adopción de esfuerzos exitosos de re-sentencia incluyeron la historia previa de colaboración entre la fiscalía y la defensa pública, el apoyo del liderazgo del fiscal del condado para la re-sentencia iniciada por el fiscal, la coordinación estrecha con los tribunales, y el uso de estipulaciones (un conjunto acordado de hechos y una nueva sentencia propuesta antes de ir a juicio).
Los investigadores han señalado que los gastos totales en las revisiones de re-sentencia en los seis condados más activos alcanzaron casi 28 millones de dólares, más del doble de los 12.5 millones asignados a esos condados para el piloto.
El informe sugiere varias medidas que podrían fortalecer el enfoque. Esto incluye la clarificación de los roles de los fiscales y defensores públicos, con un mecanismo de rendición de cuentas para fomentar una mayor colaboración entre ellos. También se requieren plazos más realistas para el proceso de re-sentencia, con la necesidad de establecer benchmarks para el número de casos revisados y el tiempo que los fiscales tienen para evaluar los casos.
Un proyecto en curso de RAND examinará hasta qué punto las personas que fueron re-sentenciadas bajo el programa piloto cometieron nuevos delitos una vez liberadas de prisión.
