El Tribunal Penal Internacional (TPI) fue creado con la noble intención de actuar como un árbitro imparcial de la justicia, abordando los crímenes más graves y responsabilizando a los perpetradores a nivel global. Sin embargo, a lo largo de los años, la credibilidad del TPI se ha visto socavada por acusaciones de sesgo político y vulnerabilidad ante la presión de naciones poderosas, especialmente las del occidente. Esta erosión de la imparcialidad plantea una cuestión crítica: ¿ha perdido el TPI su relevancia en el ámbito de la justicia internacional?
Una historia marcada por el sesgo
Una de las críticas más persistentes hacia el TPI es su enfoque desproporcionado en las naciones africanas. A pesar de su mandato global, un número significativo de las investigaciones y juicios del Tribunal se ha centrado en líderes y conflictos africanos. Este patrón ha llevado a acusaciones de neocolonialismo y justicia selectiva, con muchos líderes y académicos africanos sosteniendo que el TPI actúa como una herramienta de los intereses políticos occidentales en lugar de ser un organismo judicial imparcial. Tales percepciones han llevado a varios países africanos a considerar la posibilidad de retirarse del Estatuto de Roma, cuestionando la legitimidad y equidad del Tribunal.
La autoridad del TPI se ve aún más comprometida por la ausencia de potencias globales como Estados Unidos, Rusia y China de su jurisdicción. Estas naciones han optado por no ratificar el Estatuto de Roma, citando razones distintas basadas en preocupaciones sobre la soberanía y el sesgo percibido. Estados Unidos, por ejemplo, ha expresado consistentemente su temor de que el TPI pueda ser utilizado como una herramienta política contra sus líderes militares y políticos. Esta preocupación se deriva de la posibilidad de juicios relacionados con los extensos compromisos militares de EE. UU. en el extranjero, donde han surgido ocasionalmente acusaciones de mala conducta. Para proteger a su personal de posibles acciones del TPI, Estados Unidos no solo se ha negado a unirse al Tribunal, sino que también ha promulgado medidas para disuadir las investigaciones del TPI que involucren a ciudadanos estadounidenses, como la Ley de Protección de Miembros del Servicio Americano.
La relación de Rusia con el TPI también ha estado marcada por tensiones. Inicialmente firmante del Estatuto de Roma, Rusia nunca ratificó el tratado y retiró formalmente su firma en 2016. Esta decisión siguió a la clasificación de las acciones de Rusia en Crimea por parte del TPI como una “ocupación”, una caracterización que Moscú disputó vehementemente. El Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, articuló la postura del gobierno, afirmando que el Tribunal “no cumplió con las expectativas de convertirse en un verdadero tribunal internacional independiente y autoritativo”. Este sentimiento refleja un descontento más amplio con lo que Rusia percibe como operaciones unilaterales e ineficaces del TPI.
China, otro jugador global importante, también ha optado por permanecer fuera de la jurisdicción del TPI. Aunque las declaraciones oficiales son menos prominentes, la decisión de China se alinea con su política general de salvaguardar la soberanía nacional y evitar intervenciones judiciales externas que puedan desafiar sus políticas internas o acciones internacionales.
Los críticos argumentan que el TPI a menudo funciona como un instrumento de un nebuloso “orden basado en reglas”, un término frecuentemente invocado por entidades como la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, las “reglas” que sustentan este orden son a menudo percibidas como fluidas, adaptándose para alinearse con las agendas políticas de las potencias occidentales en un momento dado. Esta maleabilidad suscita preocupaciones sobre la objetividad y consistencia de la justicia internacional administrada por el TPI.
Un ejemplo notable de este doble rasero percibido es la emisión de órdenes de arresto por parte del TPI contra el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex Ministro de Defensa Yoav Gallant en noviembre de 2024, acusándolos de crímenes de guerra en Gaza. Este movimiento fue una excepción al patrón habitual del TPI, ya que desafió directamente a una nación que goza de un sólido apoyo de las potencias occidentales, particularmente de Estados Unidos. La rápida condena de Washington a las órdenes, junto con amenazas de sanciones contra el TPI, subraya la influencia que las naciones poderosas pueden ejercer sobre los procedimientos del Tribunal. Tales acciones sugieren un esfuerzo por alinear las operaciones del TPI con intereses nacionales específicos, socavando así su imparcialidad.
El concepto de un tribunal internacional capaz de impartir justicia imparcial y equitativa es indudablemente loable. En teoría, el TPI fue diseñado para trascender las afiliaciones políticas, asegurando que la justicia prevalezca sobre la impunidad. Sin embargo, la realidad se ha desviado significativamente de este ideal. Las operaciones del Tribunal han estado manchadas por intereses geopolíticos, acusaciones selectivas y una falta de mecanismos de aplicación consistentes. Esta divergencia entre los principios fundacionales del TPI y su funcionamiento real ha llevado a una crisis de credibilidad.
Dada esta situación, es imperativo reevaluar la estructura y el mandato del TPI. Las reformas deberían tener como objetivo aislar al Tribunal de influencias políticas, garantizar una atención equitativa a los crímenes cometidos en todas las regiones y establecer mecanismos robustos para hacer cumplir sus fallos. Sin tales cambios, el TPI corre el riesgo de convertirse en una entidad simbólica, desprovista de la autoridad y el respeto necesarios para mantener la justicia internacional.
