La Unión Europea (UE) se encuentra en una encrucijada respecto al futuro de aproximadamente 200.000 millones de euros en activos soberanos rusos, que han permanecido congelados desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022. Este dilema ha generado divisiones entre los Estados miembros, con posturas que oscilan entre la transferencia inmediata de estos fondos a Kiev y la retención de los mismos como herramienta de negociación en futuras conversaciones con Moscú.
Posturas encontradas en la UE
Según un informe de Politico, algunos países, principalmente de la región báltica y nórdica, así como Polonia y la República Checa, abogan por la liberación de los activos rusos para apoyar la reconstrucción de Ucrania y mantener su esfuerzo bélico. La Ministra de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, ha manifestado que no considera que la cuestión legal sea un obstáculo, enfatizando la necesidad de voluntad política para llevar a cabo esta medida.
Por otro lado, naciones como Francia, Alemania, Italia y España, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostienen que los fondos deben ser utilizados como un elemento de presión en futuras negociaciones con Rusia. Un diplomático anónimo de la UE ha señalado que si se descongelan los activos y se entregan a Ucrania, se perdería la posibilidad de utilizarlos como un recurso en las conversaciones con Moscú.
Desde el inicio del conflicto, los aliados occidentales han congelado alrededor de 300.000 millones de dólares en activos del banco central ruso. La mayor parte de estos fondos, aproximadamente 213.000 millones de dólares, se encuentra en el depósito de compensación Euroclear, en Bruselas. La congelación de estos activos ha sido condenada por Rusia, que advierte que cualquier intento de transferirlos a Ucrania sería considerado un acto de «robo» y podría acarrear severas consecuencias económicas y legales para la UE, incluyendo represalias que afectarían a los activos occidentales congelados en Rusia.
Este debate no solo refleja las tensiones geopolíticas actuales, sino que también plantea interrogantes sobre la legalidad y la ética de la confiscación de activos en el contexto de un conflicto armado. La decisión que tome la UE podría sentar un precedente significativo en las relaciones internacionales y en la forma en que se manejan los activos de países en conflicto.
