Las autoridades de la región de Tigray, en Etiopía, han denunciado la violación del acuerdo de paz que puso fin a un devastador conflicto de dos años. La administración interina de Tigray ha solicitado ayuda al gobierno federal tras la toma de control de dos importantes localidades por parte de una facción del principal partido político de la región, lo que ha generado temores de un nuevo estallido de guerra civil.
En un comunicado emitido el miércoles, la oficina de asuntos de comunicación de la región afirmó que algunos altos mandos del ejército de Tigray han estado tramando un golpe de Estado desde enero. “Los ataques dirigidos contra civiles continúan. Los actos de desmantelamiento del gobierno desde arriba hacia abajo siguen intensificándose”, afirmaron, añadiendo que “la región podría estar al borde de otra crisis”.
Una facción del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), que anteriormente fue el partido político dominante en Etiopía, anunció el martes que había tomado el control de la localidad norteña de Adigrat. Según informes, también capturó Adi-Gudem, cerca de la capital regional, Mekele, la noche siguiente. Según la agencia Associated Press, varias personas resultaron heridas cuando las fuerzas intentaron tomar el control de un edificio gubernamental en Adi-Gudem.
Descontento interno y acusaciones mutuas
El mismo día, Getachew Reda, líder del gobierno interino de Tigray, destituyó a tres altos mandos del ejército y al jefe de la oficina de seguridad, acusándolos de no haber puesto fin a “actividades ilegales” y de “actos de destrucción”. La administración interina de Tigray fue establecida en 2023 como parte del Acuerdo de Pretoria, un pacto de paz mediado por la Unión Africana que puso fin a dos años de combates entre las fuerzas tigrinas y el gobierno federal. Este conflicto, que estalló en 2020, fue considerado en 2022 como el más mortífero del mundo, con más de 100,000 muertos.
En su comunicado, la administración regional afirmó que “facciones ilegales” dentro del ejército de Tigray estaban violando el Tratado de Pretoria al “disolver el gobierno”. “El gobierno federal debe… entender que aquellos que actúan en nombre de las fuerzas de seguridad son agentes de una camarilla retrógrada y criminal que no representan al pueblo ni a la Administración Interina de Tigray, y proporcionar el apoyo necesario”, se indicó en el comunicado. “No debe permanecer en silencio mientras se viola el Acuerdo de Pretoria y el pueblo de Tigray se adentra en una segunda ronda de destrucción”.
Por su parte, el TPLF acusó a los funcionarios del gobierno de “traicionar” los intereses nacionales y de “convertirse en agentes de fuerzas externas”. Condenó la destitución de los altos generales como una “conspiración interna y externa concertada para desmantelar” el ejército.
