El pasado viernes, el Consejo de la Unión Europea decidió prorrogar por seis meses, hasta el 15 de septiembre de 2025, las sanciones y medidas restrictivas contra aquellos que amenazan la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Esta decisión permite a los notarios españoles continuar con la congelación de activos de una veintena de oligarcas rusos y sus testaferros, así como de altos directivos vinculados al Kremlin.
El Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Consejo del Notariado, creado en 2005 y dependiente del Ministerio de Economía, es el encargado de detectar estos activos. Sus técnicos analizan la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, un registro que permite identificar operaciones inmobiliarias y la constitución o venta de empresas, facilitando así el bloqueo de activos mediante avisos a Hacienda y a la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales (Sepblac).
Desde el inicio del conflicto, las fuentes del OCP han indicado que los datos sobre bloqueos de activos se mantienen estables. Actualmente, se han detectado 22 individuos en España que podrían considerarse oligarcas por su poder económico, además de más de un centenar de intentos de mover activos por parte de sus familiares. Una vez que se congelan los bienes y cuentas, el bloqueo se mantiene hasta que la UE tome una decisión al respecto, lo que incluye operaciones relacionadas con aproximadamente 40 inmuebles en todo el país.
La vigilancia sobre los activos rusos
A pesar de que la mayor parte de la actividad del OCP se concentró en los primeros meses tras la imposición de sanciones, la vigilancia continúa. Sin embargo, algunos personajes han logrado eludir la atención, como Mikhail Fridman, exdueño de los supermercados Dia, y el banquero y exministro ruso Petr Aven, quienes fueron eliminados de la lista de sanciones por falta de pruebas que demostraran su apoyo a la invasión de Ucrania, según dictaminó el Tribunal General de la Unión Europea en abril del año pasado.
La labor de los notarios españoles en este ámbito ha sido respaldada por el Consejo de la Unión, que ha acordado mantener vigentes las medidas restrictivas para casi 2.400 personas y entidades, lo que incluye la inmovilización de activos, restricciones para viajar y la prohibición de que se puedan poner recursos económicos a su servicio.
El Índice Único Informatizado Notarial es una base de datos que clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y actas públicas autorizadas por más de 2.800 notarios en España. Este registro identifica a los titulares reales de más de 2.094.000 sociedades limitadas y 126.000 sociedades anónimas, entre otros. Además, la Base de Datos de Titular Real, en funcionamiento desde 2012, permite a las autoridades conocer quiénes son las personas detrás de las sociedades, facilitando la detección de movimientos sospechosos.
El OCP ha estado trabajando en la detección de movimientos de oligarcas rusos desde 2014, cuando se aprobaron las primeras listas de sanciones tras la adhesión de Crimea a la Federación Rusa. Esta labor se ha vuelto aún más crucial en el contexto actual, donde la vigilancia sobre los activos de individuos vinculados al Kremlin es fundamental para la integridad de la política económica europea.
