La reciente decisión del Parlamento nigeriano de investigar a más de una docena de organizaciones no gubernamentales (ONG) ha suscitado un amplio debate sobre la relación entre la ayuda internacional y la financiación del terrorismo. Esta medida se produce tras las acusaciones del congresista estadounidense Scott Perry, quien afirmó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) había financiado a grupos extremistas, incluyendo a Boko Haram, en Nigeria.
Según informes de varios medios, la Cámara de Representantes de Nigeria ha solicitado a las ONG, entre las que se encuentran Transparency International Nigeria y Global Rights, que presenten sus estados financieros desde 2015 hasta 2024. El objetivo de esta investigación es “desentrañar sus verdaderas identidades, fuentes de financiación y en qué gastan su dinero”, según ha declarado el comité encargado de la indagación.
Contexto de la investigación
Nigeria, el país más poblado de África, ha sido durante años un foco de terrorismo, con Boko Haram llevando a cabo ataques frecuentes en un intento de establecer un estado islámico en la región. Desde 2009, este grupo ha causado la muerte de decenas de miles de personas y ha desplazado a millones. En este contexto, las acusaciones de Perry han encontrado eco en el Parlamento nigeriano, que ha decidido actuar en consecuencia.
El embajador de Estados Unidos en Abuja, Richard Mills, ha desestimado las afirmaciones de Perry, asegurando que no hay “evidencia” que vincule a USAID con la financiación del terrorismo. Sin embargo, la portavoz de la Cámara de Representantes, Akin Rotimi, ha defendido la investigación, argumentando que las declaraciones del congresista son “demasiado graves para ser desestimadas” y que el objetivo es entender mejor cómo se han gestionado estos fondos a lo largo de los años.
Los líderes de las organizaciones bajo investigación han denunciado la medida como un ataque directo a sus actividades. Abiodun Baiyewu, director de Global Rights, ha afirmado que “el gobierno nigeriano ha utilizado cada vez más mecanismos de supervisión regulatoria y financiera para suprimir organizaciones que desafían sus políticas”. Por su parte, Auwal Ibrahim Musa, director de la Civil Society Legislative Advocacy Centre, ha calificado la indagación de “caza de brujas” destinada a silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que abogan por la transparencia y la buena gobernanza.
Este episodio pone de manifiesto las tensiones entre el gobierno nigeriano y las ONG que trabajan en el país, así como las complicadas dinámicas de la ayuda internacional en un contexto marcado por la corrupción y la inestabilidad. La respuesta de las autoridades nigerianas a las acusaciones de Perry refleja una preocupación por la soberanía y el control sobre las narrativas que rodean la financiación externa, en un momento en que el país enfrenta desafíos significativos en su lucha contra el terrorismo.
