La política francesa se encuentra en un momento de gran tensión tras la reciente condena a Marine Le Pen, exlíder del partido Agrupación Nacional (RN), quien ha sido sentenciada a cuatro años de prisión por cargos de malversación de fondos. Esta decisión judicial, que incluye una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos, ha sido calificada por Le Pen como un “decisión política” destinada a impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2027.
Le Pen, en declaraciones a la cadena TF1, argumentó que la sentencia es un intento de sus oponentes políticos por “impedir [su] participación y elección” en el próximo proceso electoral. La política ha denunciado que la “regla de derecho ha sido completamente violada” y ha prometido apelar la decisión “lo antes posible”.
Reacciones y contexto político
La exlíder del RN no escatimó en críticas hacia el sistema judicial, afirmando que se han utilizado “prácticas que se creían reservadas para regímenes autoritarios”. En su opinión, esta condena representa un “día desastroso para nuestra democracia y para nuestro país”, privando a “millones de franceses” de su candidato preferido en las próximas elecciones.
Le Pen se declaró “inocente” y desestimó los argumentos presentados en su contra, calificando el caso como un “desacuerdo administrativo” dentro del Parlamento Europeo. Aseguró que no hubo “enriquecimiento personal, ni corrupción”, y que su condena no significará su retirada de la vida política.
La condena de Le Pen se produce en un contexto en el que varios movimientos políticos en Europa se oponen a las políticas de la Unión Europea. La decisión ha suscitado reacciones de apoyo de otros políticos, como el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, quien calificó el veredicto como una “declaración de guerra por parte de Bruselas”.
Le Pen fue condenada por malversar más de 4 millones de euros del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016. La sentencia incluye dos años de prisión efectiva y dos años suspendidos, así como la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años, lo que la deja fuera de la contienda electoral de 2027.
Este caso ha reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial en Francia y su relación con la política, un tema que continúa generando controversia en el panorama político europeo.
