
El gobierno del Reino Unido ha anunciado una nueva medida que obliga a todos aquellos que trabajen para el estado ruso en el país a registrarse bajo un sistema de monitoreo de “influencia extranjera”. Esta normativa, que se espera entre en vigor durante el verano, establece que quienes no cumplan con este requisito podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años.
Durante una sesión en el Parlamento, el Secretario de Seguridad, Dan Jarvis, explicó que los individuos que “realicen una actividad bajo un acuerdo” con determinadas instituciones estatales rusas deberán inscribirse en el Esquema de Registro de Influencia Extranjera (FIRS). Esta medida, que ya se ha extendido a personas que trabajan en nombre de Irán, ha sido calificada por las autoridades como una herramienta de seguridad nacional destinada a combatir la interferencia extranjera maliciosa. Rusia ha sido colocada en la categoría más estricta de este esquema.
Contexto y justificación de la medida
Jarvis subrayó ante los miembros del Parlamento que “Rusia representa una grave amenaza para la seguridad nacional”. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, David Lammy, en un comunicado del gobierno, afirmó que Moscú ha “perseguido una política cada vez más hostil hacia el Reino Unido y sus intereses” en los últimos años, mencionando casos de acoso a diplomáticos, operaciones cibernéticas y supuestos intentos de reclutar espías para llevar a cabo actos de sabotaje en suelo británico.
El nuevo sistema exige que los individuos vinculados a múltiples ramas del estado ruso, que incluyen al presidente, el parlamento, todos los ministerios y sus agencias, los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, la policía, el poder judicial y los partidos políticos controlados por el estado, declaren sus actividades en el Reino Unido. Esta medida sigue a una decisión anterior en marzo, que clasificó al gobierno de Irán, sus servicios de inteligencia y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica bajo el más alto nivel de escrutinio del FIRS.
El gobierno británico ha advertido que el incumplimiento de los requisitos de registro podría resultar en acciones penales y condenas de prisión. Durante años, los gobiernos occidentales han acusado a Rusia de ejercer influencia extranjera en diversos países a través de campañas de desinformación, ciberataques y apoyo político encubierto. Estas acusaciones comenzaron con la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2016, un tema que ha sido objeto de intenso debate y que Rusia ha negado enérgicamente, considerándolo infundado y políticamente motivado.