El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha generado controversia desde su nombramiento, especialmente por su postura crítica hacia las vacunas. Recientemente, analistas de Cantor Fitzgerald, firma anteriormente liderada por el secretario de Comercio Howard Lutnick, han expresado su preocupación sobre la idoneidad de Kennedy para desempeñar un papel clave en un organismo responsable de la salud pública estadounidense.
La dimisión de Peter Marks, cabeza de la división de biológicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), ha sido un acontecimiento significativo que refleja las tensiones internas en el departamento. Marks decidió renunciar en protesta por las políticas de Kennedy, quien ha minimizado la importancia de vacunas fundamentales como la que combate el sarampión, las paperas y la rubéola, y ha promovido tratamientos no probados en el contexto de un brote de sarampión en el país.
Los analistas de Cantor Fitzgerald han instado a la administración de Trump a reevaluar el papel de Kennedy al frente del HHS, argumentando que su agenda, que consideran anti-científica, podría tener consecuencias perjudiciales para la salud pública. En un comunicado inusual dirigido a sus clientes, los analistas describieron a Kennedy como un «teórico de la conspiración» sin la formación adecuada para liderar un departamento tan crítico.
La situación es aún más preocupante considerando que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han comenzado un estudio sobre la relación entre las vacunas y el autismo, un tema que ha sido ampliamente desmentido. Los analistas de Cantor Fitzgerald enfatizaron que la ciencia y la salud pública deben estar por encima de las agendas personales y que las decisiones difíciles en políticas de salud no pueden ser tomadas a la ligera.
Las repercusiones de esta crisis se han visto reflejadas en el mercado, con una caída significativa en las acciones de compañías farmacéuticas como Moderna y Novavax, que vieron sus valores reducirse en más de un 8% tras la dimisión de Marks. Este declive en las acciones no solo responde a la incertidumbre en torno a las políticas de salud pública, sino que también subraya el impacto que decisiones cuestionables pueden tener en la confianza del público hacia las vacunas.
La preocupación de los analistas se centra en la necesidad de un enfoque riguroso y fundamentado en la salud pública, especialmente en un momento en que los brotes de enfermedades prevenibles se están volviendo más comunes. En este contexto, resulta imperativo que las decisiones sobre salud pública se basen en la evidencia y en la protección de la población, más allá de las creencias personales o de corrientes de pensamiento que cuestionan la eficacia de las vacunas.
