El gobierno interino de Bangladesh ha decidido prohibir el partido Awami League, liderado por la ex primera ministra Sheikh Hasina, argumentando que esta medida es necesaria para proteger la seguridad nacional y la soberanía del país. La prohibición se ha implementado bajo una ley antiterrorista revisada, que fue introducida de manera sorpresiva el pasado lunes.
Shafiqul Alam, secretario de prensa del Asesor Jefe Interino Muhammad Yunus, defendió la decisión, afirmando que las elecciones en Bangladesh son un asunto interno que debe ser respetado por otros países. Estas declaraciones parecen estar dirigidas principalmente a India, que ha respaldado al Awami League durante años.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, Randhir Jaiswal, calificó la prohibición como un “desarrollo preocupante” que se ha impuesto sin el debido proceso. La tensión entre Bangladesh e India ha aumentado desde que Hasina fue destituida del poder el 5 de agosto del año pasado, en una revuelta estudiantil que obligó a la ex primera ministra a huir a India. Desde entonces, Yunus ha asumido el control de un gobierno interino.
Contexto político y relaciones bilaterales
Las relaciones entre ambos países han sido complejas, y Nueva Delhi ha instado en varias ocasiones a la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas en Bangladesh. Aunque no se ha fijado una fecha concreta para los próximos comicios, se espera que se realicen entre diciembre de 2025 y junio de 2026.
En abril, durante la sexta cumbre del BIMSTEC (Iniciativa de Cooperación Técnica y Económica Multisectorial del Golfo de Bengala) en Bangkok, el primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió con Yunus, expresando el deseo de Nueva Delhi de forjar una relación positiva y constructiva con Bangladesh. Sin embargo, Modi también subrayó que “la retórica que vicia el ambiente es mejor evitarla”.
En esta misma reunión, Yunus planteó la cuestión de la extradición de Sheikh Hasina y otros miembros de su gobierno, quienes enfrentan cargos que incluyen asesinato, tortura, secuestro, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Hasta el momento, Nueva Delhi no ha comentado públicamente sobre esta solicitud.
