La reciente ampliación de la legislación rusa ha suscitado una considerable preocupación en el ámbito internacional, al permitir que cualquier persona pueda ser designada como «agente extranjero» por colaborar con organizaciones extranjeras consideradas como amenazas a la seguridad nacional. Esta normativa, inspirada en legislaciones similares de Estados Unidos, se aplica a individuos o entidades que participen en actividades financieras o políticas en beneficio de un estado extranjero.
El Ministerio de Justicia de Rusia ha ido más allá en sus declaraciones, afirmando que incluso seres extraterrestres podrían ser catalogados como «agentes extranjeros» si llevaran a cabo acciones en contra del país. Oleg Sviridenko, vice-ministro de Justicia, hizo estas afirmaciones durante el Foro Internacional Legal de San Petersburgo, comentando sobre las enmiendas a la ley que amplían los criterios para esta designación.
Ampliación de la Ley y Nuevas Sanciones
La decisión de ampliar esta ley, que fue adoptada originalmente en 2012 y ha sido modificada en varias ocasiones, responde a lo que Moscú considera una creciente presión por parte de Occidente. Las últimas enmiendas, firmadas por el presidente Vladimir Putin y en vigor desde el 2 de mayo, permiten a las autoridades designar como «agentes extranjeros» a quienes ayuden a organizaciones extranjeras que se perciban como hostiles a los intereses rusos. Esto incluye no solo la participación en actividades políticas y financieras, sino también la financiación de tales actividades.
Además, se ha introducido responsabilidad penal por realizar llamados a sanciones motivados por intereses económicos y por desacreditar a las fuerzas armadas rusas. Las llamadas a sanciones pueden conllevar penas de hasta cinco años de prisión, mientras que otros delitos relacionados pueden acarrear condenas de hasta siete años. Estas infracciones también pueden resultar en la confiscación de bienes.
Aquellos designados como agentes extranjeros no tienen prohibido operar en Rusia, pero están sujetos a una serie de restricciones. Deben etiquetar todo su contenido como tal, presentar informes financieros detallados al Ministerio de Justicia y revelar sus fuentes de financiación. Desde 2022, se ha prohibido a los agentes extranjeros ocupar cargos públicos, participar en actividades educativas y recibir fondos estatales. Asimismo, el año pasado se prohibió la publicidad en plataformas pertenecientes a agentes extranjeros, y estos también están excluidos de participar en elecciones a cualquier nivel.
