El informe final de la Revisión Independiente de Sentencias ha propuesto la reforma más significativa en materia de condenas y castigos en Inglaterra y Gales desde la década de 1990. Este análisis, liderado por el exsecretario de Justicia del Partido Conservador, David Gauke, sugiere una serie de cambios destinados a abordar la crisis de hacinamiento en las cárceles. Entre las recomendaciones destacan la reducción de las sentencias de prisión y su duración, así como la implementación de más sentencias comunitarias y la posibilidad de libertad condicional anticipada para aquellos que muestren buen comportamiento.
El Gobierno británico ha aceptado en principio la mayoría de estas recomendaciones, aunque muchas requerirán de un proceso legislativo para su implementación. La secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, ha subrayado que los delincuentes más peligrosos no deberían ser elegibles para una liberación anticipada bajo estas nuevas propuestas.
Las prisiones en Inglaterra y Gales han estado operando a o cerca de su capacidad máxima durante varios años, a menudo superando niveles considerados seguros. Actualmente, se estima que la población penitenciaria adulta ronda los 87,700 internos, frente a una capacidad operativa máxima de aproximadamente 88,800. Sin embargo, las cifras de capacidad máxima solo se registran anualmente y las condiciones deficientes en las cárceles pueden hacer que la capacidad utilizable sea aún menor en cualquier momento dado.
Sin reformas en el sistema de sentencias, se prevé que la población carcelaria aumente hasta 105,000 internos para el año 2029. En septiembre de 2024, el hacinamiento en las cárceles llevó a la liberación anticipada de aproximadamente 1,700 prisioneros que cumplían penas de menos de cinco años y que ya habían cumplido el 40% de su condena, cuando normalmente no habrían sido elegibles hasta haber cumplido el 50%.
La evidencia detrás de la propuesta
Una recomendación central de la revisión es que la prisión debería ser utilizada solo como último recurso. Se sugiere que las sentencias de menos de 12 meses solo se impongan en circunstancias excepcionales, como en casos donde el delincuente representa un alto riesgo para una víctima específica a pesar de haber sido condenado por un delito menor.
La investigación sobre las penas de prisión a corto plazo demuestra de forma consistente que son ineficaces por diversas razones. Estas sentencias resultan desproporcionadamente costosas, especialmente en comparación con las penas comunitarias. Los delincuentes que cumplen estas condenas suelen haber cometido delitos relativamente menores, por lo que su riesgo es bajo, salvo en casos excepcionales.
Un hallazgo significativo es que cuanto más corta es la sentencia, mayor es la tasa de reincidencia. La reincidencia se sitúa en alrededor del 55% para los reclusos condenados a menos de 12 meses, en comparación con una tasa general del 27.5%. Si se puede reducir la reincidencia mediante el uso de sentencias más efectivas, las comunidades estarán más seguras.
Otra propuesta clave es el modelo de «progresión ganada». Según este modelo, la mayoría de los prisioneros (excepto aquellos condenados por delitos sexuales o violentos graves) serían elegibles para la liberación tras cumplir un tercio de su condena, siempre que hayan participado de manera constructiva en el régimen penitenciario. Posteriormente, recibirían supervisión intensiva en la comunidad hasta haber cumplido dos tercios de su condena, tras lo cual no estarían bajo supervisión activa.
Se ha demostrado que incentivar el buen comportamiento en prisión, en lugar de castigar el mal comportamiento, ayuda a los reclusos a desarrollar un sentido de autonomía y responsabilidad por sus acciones, lo que puede reducir la reincidencia una vez que sean liberados.
Sin embargo, las reformas propuestas no están exentas de críticas y preocupaciones. Grupos de víctimas han expresado su inquietud por la posibilidad de que delincuentes sexuales o abusadores domésticos sean liberados antes de tiempo, incluso bajo las regulaciones actuales. La revisión recomienda fortalecer las protecciones para las víctimas, como la expansión de los tribunales especializados en violencia doméstica y el uso de dispositivos de monitoreo para todos los perpetradores de violencia contra mujeres y niñas.
Queda por ver cómo se financiarán estas reformas en el actual clima económico, ya que el jefe de la inspección de libertad condicional, Martin Jones, ha advertido que sin una mejor financiación y otras reformas en el servicio de libertad condicional, las propuestas de la revisión podrían resultar «catastróficas». La revisión también recomienda invertir en el sobrecargado servicio de libertad condicional y colaborar con organizaciones del tercer sector para su apoyo.
En última instancia, hay poca evidencia que sugiera que reducir el número de prisioneros y acortar las sentencias harán a las comunidades más inseguras. Por el contrario, una rehabilitación ineficaz lleva a la reincidencia, lo que supone un considerable costo social y económico.
