La vigilancia masiva en Estados Unidos: un análisis de las nuevas herramientas de control
Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos, el Gobierno estadounidense ha intensificado el uso de tecnologías de vigilancia masiva que incluyen el escaneo de redes sociales, el análisis de datos biométricos y la geolocalización. Estas herramientas, que antes eran objeto de debate y controversia, se han normalizado bajo el pretexto de la seguridad nacional. La intervención en las comunicaciones telefónicas y el seguimiento de trayectos mediante lectores de matrículas son solo algunas de las estrategias implementadas. Este enfoque ha permitido que miles de personas, en su mayoría inmigrantes y estudiantes, sean objeto de fiscalización sin la necesidad de una autorización judicial.
El sistema actual de tecnovigilancia en Estados Unidos no es un fenómeno reciente, sino que ha sido cimentado durante décadas con el apoyo de políticas bipartidistas. Según la activista por los derechos civiles Esra’a Al Shafei, este entramado se alimenta de presupuestos sustanciales destinados a agencias de inteligencia y de la colaboración con empresas privadas que proporcionan herramientas digitales. Firmas como Palantir y Anduril han jugado un papel crucial en la creación de esta infraestructura de vigilancia. En el contexto actual, el Departamento de Seguridad Nacional ha comenzado a utilizar plataformas como Babel X y SocialNet para recopilar información de redes sociales y otras fuentes, ampliando así su capacidad de control sobre los viajeros.
El despliegue acelerado de estas tecnologías ha demostrado tener un impacto desproporcionado en comunidades vulnerables. Refugiados, inmigrantes y personas de bajos ingresos son los más afectados por este sistema. Un informe de diversas ONG destaca la «evaporación de los derechos humanos» en las fronteras terrestres estadounidenses, subrayando cómo la administración de Trump prioriza la seguridad nacional sobre los derechos fundamentales. A medida que estas tecnologías se integran cada vez más en la gestión de la inmigración, el riesgo de que se utilicen contra cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, se convierte en una preocupación palpable. La vigilancia masiva, que se ha intensificado bajo el mandato de Trump, plantea serios interrogantes sobre el futuro de los derechos civiles en Estados Unidos y su posible repercusión en otros contextos internacionales, incluida Europa.
