El tratado sobre alta mar, aprobado por los Estados miembros de la ONU en junio de 2023, se encuentra en un momento crucial, ya que podría convertirse en ley a finales de este año. Este acuerdo busca la protección de la vida marina en extensas áreas del océano que no pertenecen a ningún país, una medida urgente en un contexto de creciente explotación de los recursos oceánicos. Hasta la fecha, 31 países, junto a la Unión Europea, han ratificado el tratado, y se estima que alrededor de 50 naciones lo han hecho, acercándose al umbral de 60 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor.
Uno de los aspectos más destacados del tratado es su enfoque en las aguas internacionales, que representan más del 60% de los océanos del planeta. Este acuerdo se extiende más allá de las zonas económicas exclusivas de los países, que abarcan hasta 200 millas náuticas desde la costa, y también abarca «el Área», el lecho marino y el subsuelo que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional. Una vez en vigor, se establecerá un órgano de decisión conocido como Conferencia de las Partes (COP), que colaborará con organizaciones regionales y globales encargadas de supervisar diferentes aspectos de los océanos, como los organismos regionales de pesca y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
Áreas marinas protegidas y beneficios compartidos
Un avance significativo que trae el tratado es la posibilidad de crear áreas marinas protegidas (AMP) en el océano abierto, un ámbito donde actualmente casi todas las reservas protegidas están limitadas a aguas territoriales. Aunque la mayoría de las decisiones se tomarán por consenso en la COP, la creación de una AMP podrá ser aprobada con una mayoría de tres cuartos, evitando así el estancamiento provocado por un solo país.
Sin embargo, el texto presenta deficiencias, ya que no especifica cómo se monitorearán y harán cumplir estas medidas de conservación en vastas áreas del océano. A pesar de esta limitación, se ha sugerido que se podrían utilizar satélites para detectar infracciones. Además, el tratado establece un marco para la transferencia de tecnologías de investigación marina a los países en desarrollo, así como para el acceso abierto a datos, aunque dejará a la COP la decisión sobre cómo se compartirán los beneficios monetarios derivados de los recursos marinos, en un contexto donde la desigualdad entre países ricos y pobres es palpable.
El tratado también exige a los firmantes evaluar los impactos ambientales de las actividades planificadas bajo su control en alta mar antes de otorgar autorizaciones, especialmente cuando estas actividades puedan causar efectos significativos o duraderos. Esta responsabilidad recae en los estados, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones no gubernamentales que esperaban que esta función recayese en la COP, dificultando así la aprobación de actividades controvertidas.
Este tratado representa un esfuerzo colectivo por abordar la explotación de los océanos y preservar su biodiversidad, en un contexto donde la presión sobre los recursos marinos se intensifica. A medida que avanza el proceso de ratificación, la comunidad internacional observa de cerca cómo se implementarán las medidas de conservación y cómo se regularán las actividades en estas aguas tan valiosas y vulnerables.
