Desde el lanzamiento del primer satélite en 1957, se han puesto en órbita cerca de 17,500 satélites, y más de un 10% de estos lanzamientos no han sido registrados a nivel internacional. Este incremento en el número de objetos orbitales plantea serias preguntas sobre la regulación del espacio, especialmente en lo que respecta a la separación entre nuestro espacio aéreo y el espacio exterior.
Un ejemplo reciente de la falta de regulación es la caída del satélite ERS-2, que tuvo lugar el año pasado entre Hawái y Alaska. Este incidente subraya la necesidad urgente de establecer un marco legal que no solo defina las actividades en el espacio, sino que también garantice la seguridad de los países, en particular aquellos que carecen de programas espaciales.
La necesidad de claridad jurídica en el espacio
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia de las Naciones Unidas, se encarga de la regulación del espacio aéreo en 193 países, abarcando aspectos de seguridad, navegación y sostenibilidad económica. Sin embargo, la regulación de lo que sucede por encima de la línea de Kármán, el límite nominal que separa la atmósfera de la órbita, está mucho menos definida.
La línea de Kármán se sitúa aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros sobre la superficie terrestre, dividiendo la atmósfera en «Espacio Cercano» y «Espacio Orbital». El primero corresponde a las capas superiores de la atmósfera donde los aviones convencionales no pueden operar, mientras que el segundo se refiere a la región donde los objetos pueden mantener una trayectoria estable alrededor de la Tierra.
A medida que el tráfico orbital, especialmente de satélites comerciales en órbita baja, aumenta, se hace evidente la necesidad de una regulación más rigurosa y clara en el espacio orbital. El Tratado sobre el Espacio Exterior, firmado en 1967, no ha sido actualizado para abordar estas cuestiones, y la falta de nuevos instrumentos jurídicos ha dejado a la comunidad internacional sin las herramientas necesarias para abordar los desafíos actuales.
El artículo V del Acuerdo de Rescate estipula que los responsables de los objetos que regresan a la Tierra deben «eliminar el posible peligro de daño». Sin embargo, el Convenio de Responsabilidad define el daño de manera más amplia, lo que complica la situación para los Estados sin programas espaciales, que no tienen posibilidad de reclamar daños.
Además, con el auge de la industria espacial, se plantea la necesidad de establecer mecanismos nacionales, regionales e internacionales para asegurar una exploración y explotación responsables del espacio. La falta de consenso sobre la definición de lo que constituye el espacio exterior complica aún más la regulación y la planificación de lanzamientos.
Una propuesta en este sentido es la creación de un Tratado de Espacio Cercano, que podría incluir un gravamen sobre los residuos espaciales y generar ingresos para la utilización del territorio en el espacio cercano, similar a los modelos de Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) aplicados en el mar. Este gravamen podría servir tanto para regular el tráfico orbital como para ayudar a financiar a países en desarrollo que carecen de programas espaciales.
La introducción de políticas internacionales podría mitigar la realidad de que la participación en el Convenio de Registro no es universal y que no todos los Estados cumplen con las normas de manera consistente. Una propuesta como un Impuesto de Actividad Orbital podría contribuir a las economías de países del Sur Global, especialmente aquellos que poseen vastos territorios marítimos, incentivando una planificación más responsable de los lanzamientos.
A medida que la actividad orbital aumenta, la necesidad de un marco legal que garantice tanto la equidad entre las naciones con programas espaciales como la protección de aquellas que no los tienen se convierte en una cuestión urgente. La posibilidad de que las actividades de los Estados que lanzan satélites generen riesgos para los países en desarrollo debe ser abordada con seriedad, estableciendo un terreno común y regulaciones que sirvan a los intereses de nuestro planeta.
