El senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, ha interpuesto una demanda contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, así como contra el Pentágono, en la que les acusa de intentar censurarlo y degradarlo de forma «ilegal e inconstitucional» por sus declaraciones públicas sobre el cumplimiento de órdenes militares. Esta acción legal se produce tras el anuncio de Hegseth, quien indicó que el Departamento de Defensa estaba considerando medidas para reducir el rango de retiro y el salario de Kelly, a quien acusó de emitir «declaraciones sediciosas» en un video en el que participó junto a otros militares retirados.
En el video en cuestión, Kelly y sus compañeros instaron a los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia a rechazar órdenes que consideraran ilegales. Hegseth argumentó que el contenido del material audiovisual ponía en peligro el orden y la disciplina militar. La demanda presentada por Kelly sostiene que las acciones del secretario de Defensa vulneran sus derechos constitucionales, especialmente aquellos protegidos por la Primera Enmienda, y que constituyen una violación a la cláusula de expresión y debate que otorga inmunidad a los legisladores por actos relacionados con su función oficial.
La demanda subraya que nunca en la historia de Estados Unidos se habían impuesto sanciones militares a un miembro del Congreso por participar en un discurso político desfavorable. En este sentido, Kelly solicita que se declare la ilegalidad de las medidas anunciadas por Hegseth, advirtiendo que permitir tales sanciones erosionaría la separación de poderes y otorgaría al Ejecutivo una autoridad sobre el Poder Legislativo que la Constitución no contempla. Además, el documento denuncia que la respuesta del gobierno se ha caracterizado por «retórica extrema y represalias punitivas». En el marco de esta controversia, Kelly, capitán retirado de la Marina, ha expresado que la acción de Hegseth envía un «mensaje escalofriante» a los militares retirados, sugiriendo que aquellos que expresen opiniones contrarias a la administración podrían ser objeto de censura o amenazas de degradación.
