Una jueza federal ha dictaminado que los agentes federales encargados de un amplio operativo migratorio del gobierno de Donald Trump en Minnesota no pueden realizar arrestos ni implementar medidas de control contra manifestantes durante protestas pacíficas. Esta decisión se produce en un contexto de creciente indignación tras dos tiroteos ocurridos en Minneapolis por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un corto periodo de tiempo. La juez Katherine Menéndez, responsable de la orden, ha establecido que los agentes no pueden usar gas pimienta ni municiones no letales contra los manifestantes, y que no está justificada la detención de conductores que no estén interfiriendo de manera activa con las operaciones federales.
El fallo se produce en medio de una investigación por parte del Departamento de Justicia sobre el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por presunta obstrucción a las fuerzas federales. Este caso podría acarrear consecuencias penales para ambos líderes demócratas, quienes han criticado abiertamente la intensificación de las operaciones federales desde diciembre. Las manifestaciones en Minneapolis han continuado, incluso en condiciones climáticas adversas, impulsadas por el tiroteo de Renee Good, una madre de tres hijos, y otro incidente que dejó a un venezolano herido durante un intento de arresto.
La orden judicial, que se aplica únicamente a los agentes que participan en la actual operación en Minnesota, ha sido solicitada por activistas que argumentan que el gobierno federal ha vulnerado sus derechos constitucionales. En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido su actuación, afirmando que están tomando medidas adecuadas para proteger la ley y el orden. La situación ha generado un debate intenso entre legisladores y ciudadanos sobre el uso de la fuerza y la forma en que se están llevando a cabo las detenciones, con acusaciones de que se están realizando con base en el origen étnico de las personas.
