El Gobierno español propone nuevas medidas para regular las plataformas digitales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un ambicioso paquete de cinco medidas con el objetivo de abordar los abusos cometidos por las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno más seguro en el ámbito digital. Durante su intervención en el World Governments Summit en Dubái, Sánchez subrayó que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido” donde se ignoran las leyes y se toleran delitos. Entre las propuestas destaca la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años, lo que obligará a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. Esta medida forma parte del proyecto de ley de protección de los menores en entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso.
Además, Sánchez anunció la modificación de la legislación para que los directivos de las plataformas digitales sean legalmente responsables por las violaciones que ocurren en sus redes. Esto implicaría que los consejeros delegados podrían enfrentar consecuencias penales si no actúan para retirar contenidos de odio o ilegales. Aunque la Unión Europea ya exige ciertas responsabilidades a través del Reglamento de Servicios Digitales, la propuesta del Gobierno español busca aumentar la presión sobre los líderes de estas empresas. A su vez, se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales, un aspecto que ha cobrado relevancia en el contexto de las recientes investigaciones sobre la difusión de desinformación.
Por otro lado, el Gobierno también implementará un sistema para cuantificar y revelar la polarización y el odio en las plataformas digitales. Sánchez afirmó que se necesita un mecanismo que permita sancionar a aquellas empresas que alimenten la división social. Además, se trabajará con la Fiscalía para investigar delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial en plataformas como Grok, TikTok e Instagram. El presidente enfatizó la necesidad de transformar las redes sociales en un entorno saludable y democrático, y reconoció que España ha formado una coalición con otros cinco países europeos para establecer normativas más estrictas en el ámbito digital.
