Portugal aprueba una ley para regular el acceso de menores a las redes sociales
La Asamblea de la República de Portugal ha dado un paso significativo en la regulación del acceso de los menores a las redes sociales al aprobar un proyecto de ley que restringe su uso a aquellos menores de 16 años. Esta iniciativa, impulsada por el partido centroderechista, ha contado con el apoyo del partido socialista, lo que ha generado un debate intenso en el Parlamento. La formación de ultraderecha Chega ha criticado duramente esta regulación, acusándola de ser un acto de «censura» y de interferir en la educación familiar de los menores. André Ventura, líder de Chega, ha calificado la medida como un intento de controlar la narrativa digital y ha cuestionado la capacidad de las plataformas para determinar qué contenido es considerado falso.
Las críticas hacia el proyecto de ley también han surgido desde el grupo liberal, que considera que esta regulación atenta contra la libertad y la privacidad de los usuarios. La diputada Marta Patrícia Silva ha señalado que la propuesta podría dar lugar a un modelo de vigilancia masiva. En contraposición, los partidos que apoyan la medida argumentan que es una acción necesaria para proteger la salud mental de los jóvenes. El diputado socialista Pedro Delgado Alves ha defendido la regulación como un mecanismo para reducir los efectos negativos del uso excesivo de las redes sociales, como el acoso escolar, la ansiedad y otros trastornos asociados.
Este proyecto de ley no es único en su enfoque; se sitúa en una tendencia más amplia en Europa hacia la restricción del acceso de los menores a las plataformas digitales. A diferencia de países como Australia y Francia, que han prohibido el acceso a las redes sociales hasta los 16 años, la legislación portuguesa permite que los jóvenes de entre 13 y 16 años accedan a estas plataformas con la autorización de sus padres. La norma es parte de una serie de iniciativas del Gobierno portugués para limitar el acceso de los menores a contenidos potencialmente perjudiciales, que también incluye la prohibición del uso de teléfonos móviles en las aulas. Estos cambios responden a un creciente interés en abordar el impacto del entorno digital sobre la salud mental de los jóvenes.
