La reciente decisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de destruir documentos sensibles ha suscitado una ola de críticas y preocupaciones sobre la legalidad de esta acción. Según un correo interno obtenido por ProPublica, la secretaria ejecutiva interina de USAID, Erica Carr, ha instruido al personal restante a llevar a cabo una «limpieza» de documentos clasificados en la antigua sede de la agencia en Washington D.C.
Esta medida se enmarca en un contexto de recortes drásticos en la agencia, que ha visto reducida su plantilla en 2.000 empleados y ha puesto a la mayoría del personal restante en licencia. Las acusaciones de mal uso de fondos públicos y corrupción han sido constantes por parte del expresidente Donald Trump y Elon Musk, quien ahora lidera el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Instrucciones para la Destrucción de Documentos
En el correo, Carr no especificó el motivo de la destrucción de documentos, pero instó a los empleados a priorizar el uso de trituradoras de papel, sugiriendo que los «burn bags» (bolsas para quemar documentos) deberían utilizarse solo en caso de que las trituradoras no estuvieran disponibles. Esta directiva ha levantado serias preocupaciones entre ex-empleados de USAID y expertos legales, quienes advierten que podría violar las leyes federales de conservación de registros y obstaculizar litigios en curso que impugnan la reestructuración de la agencia.
El propio Musk, en respuesta a los informes sobre esta purga de documentos, afirmó en la red social X que «la destrucción de evidencia es un crimen». Esta declaración se suma a sus anteriores comentarios en los que calificó a USAID como una «organización criminal». Por su parte, Trump ha criticado a la agencia, acusándola de estar mal gestionada por «lunáticos radicales».
La situación se complica aún más con la reciente decisión de la administración Trump de eliminar el 90% de los contratos de USAID, lo que representa un recorte de 54 mil millones de dólares. Además, la National Endowment for Democracy (NED), un organismo que distribuye subvenciones a iniciativas pro-democracia en el extranjero, también ha visto congelada su financiación gubernamental, a pesar de las acusaciones de que actúa como una tapadera de la CIA para operaciones de cambio de régimen.
La gestión de documentos en USAID ya estaba bajo el escrutinio público, especialmente después de que dos funcionarios de seguridad de la agencia fueran colocados en licencia administrativa por negarse a permitir el acceso a materiales clasificados a un equipo de auditores del DOGE. Este clima de desconfianza y las acciones recientes plantean serias interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública estadounidense.
