El ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha manifestado su disposición a enfrentar una larga batalla legal en la Corte Penal Internacional (CPI) tras su arresto por cargos de crímenes de lesa humanidad relacionados con su controvertida “guerra contra las drogas”. Duterte fue detenido por las autoridades filipinas en el aeropuerto internacional de Manila el pasado martes y trasladado a La Haya al día siguiente.
La orden de arresto emitida por la CPI alega que, entre 2016 y 2022, el ex presidente organizó, financió y armó “escuadrones de la muerte” que llevaron a cabo asesinatos de presuntos traficantes y consumidores de drogas. Durante el vuelo hacia La Haya, Duterte grabó un breve mensaje en video, pidiendo a sus seguidores que no se preocuparan y asegurando que se encontraba “bien”.
En su declaración, publicada en Facebook y vista por más de 19 millones de personas, Duterte afirmó: “Este será un largo proceso legal, pero les digo que continuaré sirviendo a mi país. Y así será, si ese es mi destino”.
Responsabilidad y consecuencias de su mandato
A pesar de que anteriormente había negado cualquier irregularidad, Duterte reconoció que durante su mandato se derramó sangre. Desde el inicio de su gobierno, prometió erradicar las drogas ilegales, ordenando a la policía que utilizara la fuerza letal contra cualquier sospechoso si consideraban que estaban en peligro. Según registros oficiales, alrededor de 6,200 personas fueron asesinadas en operaciones policiales, aunque activistas sostienen que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
Duterte declaró: “Lo que sucedió en el pasado, yo estaré al frente de nuestra aplicación de la ley y el ejército. Ya lo he dicho, que los protegeré y seré responsable de todo”, refiriéndose a su guerra contra las drogas.
Algunos defensores de los derechos humanos han calificado el arresto del ex presidente como ilegal, argumentando que Filipinas se retiró formalmente de la CPI en 2019 por orden de Duterte. Sin embargo, la corte con sede en La Haya sostiene que mantiene jurisdicción sobre los crímenes que pudieron haberse cometido mientras el país era signatario del tratado.
El hijo de Duterte, Sebastian ‘Baste’ Duterte, actual alcalde de Davao City, expresó en un comunicado que el arresto de su padre “establece un precedente peligroso”. En su declaración, planteó: “Si esto puede hacerse a un ex presidente de la República, ¿qué protección queda para los ciudadanos filipinos comunes?”
