El gobernador de California, Gavin Newsom, ha expresado su firme oposición a la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Esta medida se produce en medio de disturbios violentos relacionados con la inmigración, que han sacudido la ciudad durante varios días.
Trump ha ordenado a altos funcionarios federales que tomen «todas las acciones necesarias» para poner fin a los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de inmigración. En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, el presidente describió a Los Ángeles como una ciudad «invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales». Además, prometió que «el orden será restaurado» y que «los ilegales serán expulsados».
La situación se intensificó el pasado fin de semana, cuando cientos de manifestantes se congregaron frente al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles. Las imágenes mostraron a las tropas de la Guardia Nacional enfrentándose a los manifestantes, mientras que se utilizaron gases lacrimógenos en un intento de dispersar a la multitud. Sin embargo, las autoridades no han confirmado qué agencia fue responsable de esta acción.
Reacciones y tensiones políticas
El despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional ha sido criticado por Newsom, quien lo califica de «inconstitucional» y «motivación política». En un mensaje en X, el gobernador argumentó que «no teníamos un problema hasta que Trump se involucró», señalando que esta acción representa una grave violación de la soberanía estatal y una exacerbación de las tensiones en la región.
Los disturbios comenzaron el viernes y se intensificaron el sábado en las ciudades de Paramount y Compton, tras varias redadas de inmigración que resultaron en la detención de más de 100 personas. Los manifestantes intentaron bloquear los vehículos de la Patrulla Fronteriza, y algunos lanzaron piedras y escombros a los agentes. En respuesta, los agentes federales utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de destello.
Por su parte, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han acusado a los políticos locales de no mantener la seguridad pública. La asistente del secretario de DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que «en lugar de provocar disturbios, deberían agradecer a los agentes de ICE cada día por hacer nuestras comunidades más seguras».
La decisión de Trump ha suscitado críticas de diversos sectores. El senador Bernie Sanders ha calificado el despliegue como un indicativo de un «presidente que lleva al país rápidamente hacia el autoritarismo». En contraste, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió la orden, responsabilizando al liderazgo demócrata de California por el desorden.
Este despliegue de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal marca un precedente, ya que es la primera vez desde la era de los derechos civiles en los años 60 que se produce una anulación federal de la autoridad estatal en este ámbito. La duración de la presencia de las tropas en la ciudad sigue siendo incierta, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha advertido que podrían desplegarse marines en activo si la violencia persiste.
