El exministro de Defensa surcoreano Kim Yong-hyun ha sido arrestado por su supuesta participación en la decisión del presidente Yoon Suk Yeol de declarar el estado de excepción en el país. Esta medida, anunciada a principios de semana, fue justificada por Yoon como una respuesta ante la supuesta simpatía de la oposición hacia Corea del Norte y la preparación de un «levantamiento». Sin embargo, la decisión fue revocada en cuestión de horas tras la oposición parlamentaria y protestas masivas en las calles.
Según informaciones de la agencia Yonhap, Kim, quien renunció a su cargo el miércoles, habría aconsejado al presidente sobre la declaración del estado de excepción. Posteriormente, la oposición presentó denuncias legales acusando a Yoon, Kim y al comandante de la ley marcial, Park An-Su, de traición. Este episodio refleja un clima de tensión política en Corea del Sur, donde la polarización se ha intensificado en los últimos meses.
El arresto de Kim se produjo tras su disposición a ser interrogado por los fiscales, y fue trasladado a un centro de detención en Seúl, donde le fue confiscado su teléfono móvil. Además, las autoridades realizaron una serie de redadas en su oficina y residencia oficial, lo que ha aumentado las inquietudes sobre el uso del poder estatal para silenciar a la oposición.
Dimisiones en el Gobierno y el rechazo a la presidencia
En un contexto de crisis, el ministro del Interior, Lee Sang-min, también anunció su renuncia, argumentando que asumía la responsabilidad por no haber podido servir adecuadamente al público y al presidente. Este tipo de movimientos dentro del Ejecutivo son indicativos de la presión que enfrenta el gobierno de Yoon, quien ha sido objeto de críticas tanto de la oposición como de miembros de su propio partido, el Partido del Poder Popular (PPP).
El intento de impeachment del presidente fue frustrado cuando el PPP boicoteó la votación en la Asamblea Nacional. La oposición, liderada por el Partido Democrático (DP), ha prometido seguir impulsando el proceso de destitución, lo que refleja una creciente disconformidad con la gestión del presidente Yoon. Han Dong-hoon, líder del PPP, calificó la declaración de ley marcial como un «acto inconstitucional» y afirmó que la mayoría de los surcoreanos desean la salida del presidente.
El orador de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, también ha subrayado la inconstitucionalidad de delegar poderes presidenciales al primer ministro sin un proceso de impeachment, abogando por una reunión entre el PPP y la oposición para discutir la suspensión inmediata de los poderes de Yoon. Este clima de inestabilidad política plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia liberal en Corea del Sur, un país donde las tensiones geopolíticas y la influencia de potencias como Corea del Norte siguen marcando la agenda.
