La reciente tramitación del pacto fiscal por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un clima de incertidumbre en la legislatura, especialmente en el contexto de las negociaciones presupuestarias. La alianza entre el Partido Popular (PP) y los independentistas en el Senado, donde el PP aceptó enmiendas de Junts a cambio de la abstención de estos en el resto de modificaciones, podría abrir la puerta a una mayor fractura en el bloque de investidura. Este jueves se llevará a cabo una votación clave en el Congreso que podría tener repercusiones significativas.
El PP ha presentado un paquete de enmiendas al proyecto de ley, apoyándose en su mayoría absoluta en el Senado. El partido de Alberto Núñez Feijóo argumenta que estas enmiendas, que incluyen rebajas fiscales para jóvenes y pymes, así como exenciones relacionadas con la DANA en Valencia, representan un «alivio fiscal» de 8.700 millones de euros. Sin embargo, la enmienda número 54, que busca derogar el artículo 1 de la ley 38/2022, se ha convertido en un punto de fricción que podría complicar aún más la situación del Ejecutivo.
Dicha enmienda propone eliminar el gravamen temporal a las empresas energéticas, un impuesto que el Gobierno y sus socios de izquierda han defendido su prórroga. Si PP, PNV o Junts apoyan esta enmienda, el impuesto quedaría anulado, lo que tendría importantes consecuencias para la estabilidad del Gobierno.
Impacto de la Derogación y Estrategias Políticas
La aprobación de la enmienda 54 no solo implicaría la supresión del gravamen, sino que también dificultaría la prórroga de esta figura impositiva a través de un real decreto ley. Esto cerraría la única vía legislativa que el Ministerio de Hacienda considera viable para cumplir con los acuerdos alcanzados con sus aliados en el Congreso. La situación se complica aún más con la presión de Podemos, que ha manifestado que no aceptará más parches y exige la continuidad del impuesto a las energéticas.
El PP ha encontrado en la reforma fiscal un medio para desestabilizar la mayoría que sostiene a Sánchez, aprovechando los descontentos dentro del bloque de investidura, especialmente entre PNV y Junts. La reciente cooperación entre el PP y Junts en el Senado, así como en otras comisiones, pone de manifiesto una estrategia de desgaste hacia el Gobierno. Según fuentes parlamentarias, los nacionalistas vascos están evaluando su posición respecto a la enmienda 54, lo que podría alterar aún más el equilibrio en el Congreso.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su intención de prorrogar el impuesto a las energéticas, un acuerdo que se vio comprometido por la falta de apoyo de PNV y Junts. Esta situación ha llevado a Podemos a adoptar una postura más beligerante, amenazando con no colaborar en las negociaciones de los Presupuestos de 2025 si no se garantiza la continuidad del gravamen.
En este contexto, el Gobierno se enfrenta al desafío de gestionar la votación de la enmienda 54, que podría cambiar radicalmente el panorama fiscal. Una de las alternativas que se ha mencionado es la posibilidad de apelar al «veto presupuestario», aunque este presenta limitaciones que dificultarían su aplicación efectiva en este caso.
La incertidumbre en torno a la votación de este jueves refleja la complejidad del escenario político actual y la fragilidad de la mayoría que sostiene al Gobierno de Sánchez, en un momento crucial para la definición de sus políticas fiscales y económicas.
