La reciente decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de otorgar una medida cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor, permitiendo su inscripción y competición con el Fútbol Club Barcelona, ha suscitado un intenso debate en el ámbito político y deportivo. Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha calificado esta resolución como un «trato de favor» que, a su juicio, «adultera la competición». Según Sémper, esta medida va en contra de las normas establecidas y del criterio de la Federación y LaLiga, planteando dudas sobre la posibilidad de que un club de menor envergadura hubiese recibido un trato similar.
El Gobierno ha justificado la concesión de la cautelar afirmando que es una acción provisional hasta que se resuelva el recurso de alzada presentado por el club y los jugadores implicados. Este comunicado subraya que las licencias de los futbolistas se mantendrán vigentes hasta que se tome una decisión definitiva, lo que podría ocurrir en un plazo de tres meses. LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ahora tienen la oportunidad de recurrir esta resolución, lo que añade un nuevo capítulo a un conflicto que ya ha generado controversia en el entorno futbolístico.
Sémper ha complementado su crítica al recordar el reciente caso del Real Betis, que se vio obligado a vender a Nabil Fekir para ajustar su situación económica y cumplir con los límites salariales establecidos por LaLiga. Este contraste ha llevado a Sémper a calificar la decisión del CSD como un «escándalo», al considerar que se está pasando por alto el control financiero al que deben someterse todos los clubes. Por su parte, Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, también ha expresado su descontento, describiendo la situación como «alucinante» y «esperpéntica», destacando que su club, junto con el Atlético de Madrid y el Sevilla, ha manifestado su firme oposición a esta medida que parece favorecer a un solo equipo.
