El Gobierno respalda al fiscal general tras su citación como investigado
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado este miércoles el respaldo del Ejecutivo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha sido citado a declarar como investigado por el Tribunal Supremo en relación a un caso de presunta revelación de secretos. Bolaños ha manifestado su sorpresa ante las afirmaciones contenidas en el auto del juez Ángel Hurtado, quien ha convocado a declarar tanto al fiscal general como a la fiscal provincial de Madrid y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica. Según Bolaños, no existen «bases probatorias» que respalden las acusaciones formuladas.
Durante la inauguración del curso de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal, el ministro hizo hincapié en que «España es un Estado de derecho» y que nadie puede ser condenado sin pruebas. Bolaños mostró su confianza en que «la verdad se abrirá paso» y que el Tribunal Supremo emitirá una resolución que exonerará a García Ortiz, quien, según el ministro, ha actuado de manera correcta en su labor de perseguir delitos y esclarecer posibles irregularidades.
Contexto y evolución del caso
La citación de García Ortiz se inscribe en el marco de una investigación más amplia conocida como el «caso filtraciones», que indaga sobre supuestas revelaciones de secretos. El juez Hurtado, tras la declaración de varios testigos, ha considerado que hay indicios suficientes para convocar al fiscal general. El Gobierno defiende que la actuación de la Fiscalía se centró en desmentir las afirmaciones del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, quien ha alegado que hubo intentos de obstaculizar un acuerdo con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Además de la citación del fiscal general, está programada la comparecencia de María Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, para el 30 de enero. El juez también ha incluido como investigado a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. A medida que avanza la investigación, el Ejecutivo y el ministro Bolaños se mantienen firmes en su convicción de que no hay evidencia que sustente la imputación de la cúpula fiscal, abogando por el cierre de un caso que consideran carece de fundamento.
