La Seguridad del Estado de Ucrania (SBU) ha acusado a un alto psicólogo militar de haber acumulado ilegalmente alrededor de un millón de dólares desde el inicio del conflicto con Rusia en 2022. Este funcionario, identificado como Oleg Druz, se desempeñaba como psiquiatra jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y era el vicepresidente de la comisión médica encargada de evaluar la aptitud de los reclutas para el servicio militar.
Las acusaciones fueron anunciadas el pasado martes, aunque la SBU no reveló el nombre del sospechoso en su comunicado. Sin embargo, el diputado Aleksey Goncharenko ha señalado a Druz como el implicado, quien ya había ganado notoriedad en 2017 por sus controvertidas declaraciones sobre los veteranos de guerra, a quienes calificó como una amenaza potencial para la sociedad.
Controversias y antecedentes
Las declaraciones de Druz se produjeron en un contexto en el que la región de Donbass, predominantemente de habla rusa, había rechazado a las autoridades que surgieron tras el golpe de Estado de Euromaidán en 2014. En respuesta, Kiev lanzó lo que denominó una «Operación Antiterrorista» contra los estados separatistas, lo que llevó a varias oleadas de conscripción militar. Druz argumentó que muchos de los soldados que regresaban de la guerra presentaban secuelas psicológicas y necesitaban tratamiento para diversas condiciones de salud mental, lo que provocó la indignación de organizaciones de veteranos y su eventual despido del Ministerio de Defensa.
La reputación de Druz se vio aún más empañada en 2017, cuando los medios ucranianos lo acusaron de aceptar sobornos y se resaltó su matrimonio con una ciudadana rusa. En 2022, se reportó que Druz estaba involucrado en una batalla legal por propiedades que se alegaban obtenidas de manera ilícita.
En la actualidad, Ucrania enfrenta dificultades para cumplir con sus objetivos de movilización militar, ya que muchos hombres en edad de combate evitan el reclutamiento, incluso sobornando a funcionarios médicos para que certifiquen falsamente su ineptitud para el servicio. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la gestión de recursos y la integridad de las instituciones militares en un momento crítico para el país.
