La justicia del banquero.
Que la justicia no es ecuánime lo sabíamos. Que la balanza solo se equilibra en imágenes alegóricas de la misma, también. Pero el descaro raya el límite.
Hoy se hace público que una red de estafadores que operaba en Cádiz, Córdoba y Sevilla, ha sido desarticulada. Entre los detenidos, dos directores de oficinas bancarias, personal de una agencia tasadora y un notario que “dio fe” del 95% de las operaciones fraudulentas, cifradas en millones de Euros. Aprovechando la penuria económica de los “estafados” (coaccionados, extorsionados, hubiera sido más correcto) y de su condición de trabajadores del banco, rehipotecaban viviendas que revendías a sus víctimas, a las que les cobraban hasta los documentos falsificados.
Lo que me sorprende de la noticia es el tratamiento impecable sobre la protección de la identidad de los detenidos; no se encuentran iniciales por ningún lado, no se hace mención a los bancos en los que trabajan, incluso se protege el nombre de la empresa desde la que operaban “cuyo nombre no ha sido revelado”.
Y no es que me parezca mal, si consideramos seriamente la presunción de inocencia, pero no tiene sentido que sepamos la nacionalidad, edad e iniciales de un “presunto autor de delitos de hurto” y se sea escrupuloso a la hora de culpar a quienes la policía investigaba desde Septiembre.
Más recientemente, la notica sobre la agresión del Consejero de Murcia, Alberto Cruz, nos da un tratamiento informativo diferente. Pese a que el agredido no ha identificado en una ronda de reconocimiento al supuesto agresor, se publica su nombre, filiaciones políticas, por si hubiera que alimentar más el debate y hasta una foto, supongo que para facilitar la identificación del individuo o para que en la ronda de reconocimiento podamos participar todos.
Hoy, Mariano Rajoy, ha vuelto a perder una gran oportunidad; podía haber salido en defensa de las más de sesenta víctimas de las coacciones y haber advertido a España del incremento de delitos bancarios y estafas. Podía haber denunciado el clima de violencia al que someten algunos individuos a los más desfavorecidos. Podía haber pedido la dimisión de los directivos y superiores que han posibilitado estas estafas por no estar “a la altura de las circunstancias”; De paso Rubalcaba podía haber trasladado a las víctimas “su rechazo y condena por el ataque” y el delegado de gobierno podría haber expresado “la más absoluta repulsa” por parte del Gobierno “hacia este injustificable acto de violencia”.
Pero estas declaraciones solo las merece un consejero agredido, sobre todo cuando lo que está en juego es la reputación y el buen nombre de quienes inyectan liquidez a tu campaña electoral.
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