Antonio ROMERO

10 de febrero de 2008

Queridos amigos y amigas,

Es para mí un honor y un placer participar en este acto de homenaje a la I República Española y a Nicolás Salmerón en el año del centenario de su muerte, en su pueblo natal junto a mi buen amigo y compañero Baltasar Garzón, con los compañeros y compañeras de IU, memoria histórica, UCR y PCE de Almería y con la buena gente republicana que nos acompaña esta tarde.

Algunas notas sobre su vida.

Nicolás Salmerón Alonso, (Alhama de Almería (Almería), 10 de abril de 1838 – Pau, (Francia), 20 de septiembre

de 1908). Político y filósofo español, fue Presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española durante mes y medio en 1873. Dimitió por negarse a firmar una pena de muerte. Fue catedrático de Historia Universal en la Universidad de Oviedo y de Metafísica en la Universidad de Madrid. Fue estudioso de las teorías de Krause, que inspiraron a la Institución Libre de Enseñanza.

Hijo del médico del pueblo, don Francisco Salmerón, que era conocido por la convicción de sus ideas liberales (que lo llevarían a colaborar en el intento de pronunciamiento liberal de Almería, conocido como Los Coloraos).

Salmerón comenzó los estudios de bachillerato en Almería en 1846 donde obtuvo el título de Bachiller en Bellas Artes. Con posterioridad curso los estudios de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Granada

donde trabó amistad de por vida con Francisco Giner de los Ríos y Julián Sanz del Río. En 1859 fue nombrado profesor auxiliar de filosofía del Instituto San Isidro de Madrid, y en 1860, también como auxiliar, obtiene plaza en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. En 1864, tras obtener el doctorado, ganó la Cátedra

de Historia Universal en la Universidad de Oviedo, aunque jamás ocupó la plaza permaneciendo en la Central de Madrid hasta que, por fin, en 1866, obtiene la Cátedra de Metafísica en la misma.

Afiliado al Partido Democrático, publicó diversos artículos políticos en los diarios La Discusión y La Democracia, siendo detenido durante el Reinado de Isabel II

el 13 de julio de 1867 por sus ideas políticas junto a Pi i Margall entre otros, permaneciendo cinco meses preso.

Con la Revolución de 1868 se traslada a Madrid, donde es repuesto en la Cátedra de la que había sido separado a principios de año, donde participa en las Juntas revolucionarias. En 1869

se presenta a Diputado por la provincia de Almería pero es derrotado. En 1871 es elegido Diputado a las Cortes Generales por la provincia de Badajoz. Partidario del republicanismo, fue defensor de un modelo unitario frente a la tesis federalistas

y un activo luchador del Sexenio Democrático. Su conocida posición en defensa de la extensión de la democracia le llevaría a defender en 1871 la legalidad, dentro de la Constitución de 1869 de la Primera Internacional y el derecho de los obreros a asociarse libremente.

Con la llegada de la República, fue Ministro de Gracia y Justicia del gabinete de Estanislau Figueras

y el 13 de junio elegido Presidente de las Cortes Generales.

Tras la dimisión de Pi, las Cortes Constituyentes le nombraron Presidente del Poder Ejecutivo [1], cargo que ejerció entre el 18 de julio y el 7 de septiembre de 1873. La situación de todo el periodo era especialmente crítica lo que le llevó a no poder controlar las sublevaciones cantonalistas

que proliferaban por España. Sus problemas con el Ejército no fueron menores en esa corta Presidencia y su negativa a firmar distinas condenas a muerte le obligaron a dimitir. Dos días después de abandonar su puesto fue elegido Presidente del Congreso de los Diputados. Los enfrentamientos con su sucesor, Emilio Castelar, coadyuvaron involuntariamente al golpe de estado del general Pavía que, con el de Arsenio Martínez-Campos el 29 de diciembre

de 1874 daría lugar al fin de la primera experiencia republicana.

La situación le obligó al exilio en París donde junto a Manuel Ruiz Zorrilla fundará el Partido Republicano Progresista. No volvió a España hasta 1885, tras la amnistía

de Práxedes Mateo Sagasta de 1881, y pudo recuperar su cátedra. Fue de nuevo Diputado en 1886 y después ininterrumpidamente desde 1893 a 1907. En este tiempo mantiene una clara vocación política republicana y en palabras de Claudio Sánchez Albornoz se convertirá en "la sombra de la República que un día habrá de llegar". Su incesante actividad le lleva a fundar el periódico

La Justicia, integrarse en el partido Unión Republicana (antes había sido elegido por el Partido Progresista) y modificar sus primeras convicciones unitarias por un apoyo al catalanismo moderado, ingresando en Solidaridad Catalana.

De salud precaria, aprovechaba sus vacaciones para recibir las aguas termales. Por ello, hizo construir en su pueblo natal una magnífica villa donde residir mientras tomaba los baños en el Balneario de San Nicolás de Alhama, a cuya Comisión de Baños él mismo pertenecía. Nunca perdió su vínculo con Alhama, participando en sus tradiciones y velando por su futuro.

Falleció en Pau, Francia, el 20 de septiembre de 1908, mientras se encontraba de vacaciones. En 1915 se trasladaron sus restos al monumento funerario levantado en el cementerio civil de Madrid, a la derecha del mausoleo de Francisco Pi Margall, su predecesor en la presidencia de la primera república española. En su epitafio aparece una glosa realizada por Georges Clemenceau (primer ministro francés de 1907 a 1912), y se recuerda que «dejó el poder por no firmar una sentencia de muerte».

Algunas de sus frases célebres fueron:

“Se pierde la virginidad de la fe para adquirir la maternidad de la razón”.

“Es de rigurosa justicia emancipar la Enseñanza de todo extraño poder, y convertirla en una función social, sin otra ley que la libre indagación y profesión de la verdad”.

“Es necesario poner siempre el egoísmo al servicio de los grandes ideales y de los grandes fines humanos”.

“La Ciencia es el pedestal de la verdad, el Arte el de la belleza”.

“Todo lo que en las condiciones de la vida no se renueva o transforma, o se corrompe o es foco de corrupción”.

La Primera República Española fue el régimen político que hubo en España desde su proclamación por las Cortes, el 11 de febrero

de 1873, hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos dio comienzo a la Restauración borbónica en España.

El primer intento republicano

en la Historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la profunda inestabilidad política y social y la violencia. La República fue gobernada por cuatro presidentes distintos hasta que, tan sólo once meses después de su proclamación, se produjo el golpe de Estado del general Pavía y la instauración de una república unitaria dominada por el Duque de la Torre.

El período estuvo marcado por tres guerras civiles simultáneas: la Tercera Guerra Carlista y la sublevación cantonal

en la península ibérica y la Guerra de los Diez Años en Cuba. Los problemas más graves para la consolidación del régimen fueron la falta de verdaderos republicanos, la división de éstos entre federalistas y unitarios y la falta de apoyo popular.

Proclamación de la Primera República
Cansado el rey Amadeo I de las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su corto reinado, como la guerra en Cuba, conocida como la guerra de los diez años, el estallido de la Tercera Guerra Carlista, la oposición de los monárquicos alfonsinos, que aspiraban a la restauración borbónica en la figura de Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, las diversas insurrecciones republicanas y la división entre sus partidarios, renunció al trono de España el día 11 de febrero

de 1873.

El Congreso, con inclusión del Senado, estaba reunido en sesión conjunta y permanente, y mientras esperaba alguna comunicación final del Rey se erigió en Asamblea Nacional. La mayoría más que absoluta de parlamentarios monárquicos que la integraban pertenecía a los dos partidos monárquicos y dinásticos que se habían turnado en el gobierno: el partido radical de Ruiz Zorrilla y el partido constitucional de Sagasta.

Junto a esa abrumadora mayoría monárquica se sentaba en la Asamblea Nacional una minoría republicana, muy dividida entre federales y unitarios. Uno de ellos, el federalista Francisco Pi y Margall, presentó a la Asamblea la siguiente proposición:

La Asamblea Nacional asume los poderes y declara como forma de gobierno la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno.

Pi y Margall, en su defensa de la propuesta —de la que era firmante junto con Figueras, Salmerón y otros diputados—, aunque se reafirmaba como federalista, renunciaba en ese momento a imponer como forma de gobierno la República federal con la esperanza de que fueran las Cortes Constituyentes que debían convocarse quienes la declararan, y anunciaba su acatamiento a otra decisión distinta si así se adoptaba democráticamente. Emilio Castelar subió al estrado y pronunció este discurso:

Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria.

Tras el elocuente discurso de Castelar, entre encendidos aplausos, fue proclamada la República Española, con la resignación de los monárquicos, por 258 votos a favor y sólo 32 en contra:

La Asamblea Nacional resume todos los poderes y declara la República como forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las mismas Cortes.

En esta misma sesión, se eligió el primer gobierno de la República, siendo elegido como "Presidente del Poder Ejecutivo" (jefe de Estado y Gobierno), y no "Presidente de la República" pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución que creaba ese cargo, al republicano federal Estanislao Figueras, que en su discurso dijo que la llegada de la República era «como el iris de paz y de concordia de todos los españoles de buena voluntad».

Gobierno de Estanislao Figueras
Este primer gobierno lo formaban federales y progresistas, que ya habían sido ministros durante la monarquía. En él cuatro ministros del rey Amadeo; Echegaray, Becerra, Fernández de Córdoba y Berenguer, ocupaban los ministerios de Hacienda, Guerra, Marina y Fomento.

Al comenzar afrontaban una desesperante situación financiera: déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo 32 millones para cubrirlas. El Cuerpo de Artillería había sido disuelto en el momento de más virulencia en las guerras cubana y carlista, para las que no había suficientes soldados, armamento ni dinero con el que alimentar o adquirirlo. Por otro lado, España atravesaba una aguda crisis económica, coincidente con la gran crisis mundial de 1873 y agudizada por la inestabilidad política; en los años precedentes había aumentado el paro entre jornaleros y obreros. Las organizaciones proletarias respondieron con huelgas, marchas, concentraciones de protesta y la ocupación de tierras abandonadas.

El 23 de febrero, el recién elegido presidente de la Asamblea Nacional, el radical Cristino Martos, organizó un intento de golpe de Estado, llegando la Guardia Civil

a ocupar el Ministerio de Gobernación y la Milicia Nacional el Congreso, para instaurar una república unitaria. Esto provocó la primera remodelación del gobierno sustituyendo a los ministros progresistas por ministros republicanos federales.

Doce días después de proclamarse la República se firmó solemnemente el cese del servicio militar obligatorio, y se creó el servicio voluntario. Cada soldado cobraría 1 peseta diaria y 1 chusco. Se creaba asimismo una milicia de voluntarios de la República, cobrando 50 pesetas al alistarse y 2 pesetas y 1 chusco diarios.

El segundo gobierno de Figueras tuvo que enfrentarse al intento de proclamación del Estat Català el 9 de marzo dentro de la República Federal Española, que fue superado tras una serie de gestiones telegráficas con los dirigentes catalanes. Poco después, el 23 de abril de ese mismo año se produjo un nuevo intento de golpe de Estado preparado por alfonsinos, miembros de la Unión Liberal, progresistas de Sagasta y sectores monárquicos del Ejército, pero fracasaron cuando varias unidades comprometidas éste último se abstuvieron a última hora.

Se suele considerar a Pi y Margall como el alma de este gobierno que hubo de enfrentarse a un sinfín de problemas ya endémicos para la Primera República (Tercera Guerra Carlista; sublevaciones separatistas, en este caso de Cataluña; indisciplina militar, conspiración monárquica, etc.); dicho gobierno disolvió la Asamblea, convocando Cortes Constituyentes para el 1 de mayo. El 23 de abril, Cristino Martos, esta vez amparado en el gobernador civil de Madrid, Estébanez, intentó un nuevo golpe de Estado: un batallón de milicianos tomó posiciones en el Paseo del Prado

y cuatro mil voluntarios más, perfectamente armados, se concentraron en la plaza de la Independencia con el pretexto de pasar revista. Enterado de la intentona golpista, Pi y Margall (a la sazón ministro de Gobernación) movilizó a la Guardia civil. El ministro de la Guerra, por su parte, tras nombrar capitán general de Madrid a Baltasar Hidalgo, ordenó que el brigadier Carmona con un batallón de infantería y algunas unidades de artillería y caballería, marchara sobre los milicianos. De modo que el golpe de Estado fracasó apenas iniciado, y el gobierno disolvió la Comisión Permanente del Congreso y los batallones que participan en la conjura.

El gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 10 de mayo, que resultaron en 343 escaños para republicanos federales y 31 para el resto de fuerzas políticas. Estas elecciones se desarrollaron en condiciones muy poco ortodoxas, y su representatividad resultó ridícula, pues no participaron ni los carlistas (en guerra desde 1872), ni los monárquicos alfonsinos de Cánovas del Castillo, ni los republicanos unitarios, ni tan siquiera las incipientes organizaciones obreras adscritas a la Internacional, que se pronunciaron por la abstención. Fueron posiblemente los comicios con la participación más baja de la Historia de España. En Cataluña sólo votó el 25% del electorado, y en Madrid un 28%.

La República federal
El 1 de junio de 1873 se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes y comenzó la presentación de propuestas. El 7 de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:

Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal.

El Presidente, haciendo cumplir lo que ordenaba el Reglamento de las Cortes para la aprobación definitiva de las propuestas de ley, dispuso celebrar una votación nominal al día siguiente. El 8 de junio

se aprobó la propuesta con el voto favorable de 219 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República federal. Al tiempo, los federalistas apostaban por un modelo confederal de tipo helvético, constituyéndose directamente en cantones independientes.

Gobierno de Francisco Pi y Margall
La república federal para Pi y Margall:

El procedimiento —no hay para qué ocultarlo—, era abiertamente contrario al anterior: el resultado podía ser el mismo. Representadas habían de estar en las nuevas Cortes las provincias, y, si éstas tenían formada idea sobre los límites en que habían de girar los poderes de los futuros Estados, a las Cortes podían llevarla y en las Cortes sostenerla. Como determinando la esfera de acción de las provincias habría venido a quedar determinada por el otro procedimiento la del Estado, determinando ahora la del Poder central, se determinaba, se quisiera o no, la de las provincias. Uno y otro procedimiento podían, a no dudarlo, haber producido una misma constitución y no habría sido, a mi manera de ver, ni patriotismo ni político dificultar por no transigir por este punto, la proclamación de la República.

Sí el procedimiento de abajo arriba no era más lógico y más adecuado a la idea de la Federación, era, en cambio, el de arriba abajo más propio de una nacionalidad ya formada como la nuestra, y en su aplicación mucho menos peligroso. No había por él solución de continuidad en el Poder; no se suspendía ni por un solo momento la vida de la nación; no era de temer que surgiesen graves conflictos entre las provincias; era la obra más fácil, más rápida, menos expuesta a contratiempos y vaivenes…

Francisco Pi y Margall

Tras la huida a Francia de Figueras, al advertir el vacío de poder ya iba a pronunciarse el general Manuel Sodas cuando un coronel de la Guardia Civil, José de la Iglesia, se presentó con un piquete en el edificio del Congreso y anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a un nuevo Presidente. Eligieron el día 11 de junio

al también federalista Francisco Pi y Margall, que al presentar a su gobierno ante la Asamblea declaró que no tenía programa y que no sabía qué hacer. El esfuerzo principal del nuevo gobierno sería la elaboración de una nueva Constitución, así como la aprobación de una serie de leyes de carácter social: el reparto de tierras desamortizadas entre arrendatarios, colonos y aparceros, el restablecimiento del ejército regular, con levas obligatorias, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la esclavitud, la enseñanza obligatoria y gratuita, la limitación del trabajo infantil, la creación de jurados mixtos de empresarios y trabajadores, el derecho a la sindicación obrera y la jornada de trabajo de 8 horas.

El 16 de junio se eligió una comisión de 25 miembros que debía elaborar la nueva Constitución, presentándose el proyecto de Constitución Federal de la República Española, cuya redacción se atribuye principalmente a Castelar, al día siguiente para su debate.

El 28 de junio, Pi y Margall renovó la composición de su gobierno, pero debido a la lentitud y las constantes demoras durante los debates sobre la nueva Constitución, los acontecimientos se precipitaron con una celeridad asombrosa. El 30 de junio el ayuntamiento de Sevilla

acordó transformarse en República Social, y al día siguiente los diputados federales intransigentes abandonaron las Cortes. Una semana más tarde, en Alcoy el 9 de julio, donde desde el día 7 de julio se desarrollaba una ola de asesinatos y ajustes de cuentas al amparo de una huelga revolucionaria (la llamada Revolución del petróleo) dirigida por elementos locales de la sección española de la AIT. Era sólo el comienzo. Poco después, comienza la sublevación cantonalista con huelgas generales en toda España, soldados asesinando a oficiales, alcaldes linchados, y un centenar de muertos.

Los focos federales del país no estallaron en forma de Estados autónomos, sino en una constelación de cantones independientes. Los levantamientos se suceden por diversas localidades del Levante y Andalucía fundamentalmente. Los hubo de ámbito provincial como Valencia y Málaga, otros más localizados, como Alcoy, Cartagena, Sevilla, Cádiz, Almansa, Torrevieja, Castellón, Granada, Salamanca, Bailén, Andújar, Tarifa

y Algeciras.

Sin tiempo para que la Constitución de la República Federal pudiera ser aprobada en las Cortes, Pi y Margall se vio en situación crítica. Se negaba a reprimir la rebelión de los cantones porque declaraba, con toda lógica, que los sublevados no hacían más que seguir la doctrina que él había proclamado. En vista de lo cual el 18 de julio se vio forzado a dimitir tras 37 días de mandato.

Pi y Margall, describió de esta forma las decepciones que le había dado la política:

Han sido tantas mis amarguras en el poder, que no puedo codiciarlo. He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriótico, cientos que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos. He recibido mal por bien…

Proyecto de Constitución Federal
Artículo principal: Proyecto de Constitución Federal de 1873

El proyecto de Constitución Federal de la Primera República Española se desarrollaba a lo largo de 117 artículos organizados en 17 títulos.

En su primer artículo fijaba lo siguiente:

Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.

Estos estados tendrían una «completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación», así como «la facultad de darse una Constitución política» (artículos 92º y 93º).

El proyecto de Constitución preveía en su Título IV, además de los clásicos Poder Legislativo, Poder Ejecutivo

y Poder Judicial, un cuarto Poder de Relación que sería ejercido por el Presidente de la República.

El Poder Legislativo estaría en manos de las Cortes Federales, que se compondrían de: Congreso y Senado, siendo el Congreso una cámara de representación proporcional con un diputado «por cada 50.000 almas» que se renovaría cada dos años, y el Senado, una cámara de representación territorial siendo elegidos cuatro senadores por las Cortes de cada uno de los Estados.

El Poder Ejecutivo sería ejercido por el Consejo de Ministros, cuyo Presidente sería elegido por el Presidente de la República.

El artículo 40 del proyecto disponía: «En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo nacional, de la Federación». El artículo siguiente declaraba que «Todos los poderes son electivos, amovibles y responsables», y el artículo 42 que «La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República, constituida por medio del sufragio universal».

El Poder Judicial residiría en el Tribunal Supremo Federal, que se compondría «de tres magistrados por cada Estado de la Federación» (artículo 73º) que nunca serían elegidos por el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Además establecía que todos los tribunales serían colegiados y la institución del Jurado para toda clase de delitos.

El Poder de relación sería ejercido por el Presidente de la República Federal cuyo mandato duraría «cuatro años, no siendo inmediatamente reelegible», como dice el artículo 81º del proyecto.

LOS AYUNTAMIENTOS, LA SEGUNDA REPÚBLICA Y SU CONSTITUCIÓN

Las Elecciones Municipales son las más cercanas a los ciudadanos; los Ayuntamientos se tocan con la yema de los dedos; el Municipio es una verdad concreta, son unas elecciones muy sentidas por los vecinos y las vecinas. A los largo de la historia las Elecciones Municipales han provocado cambios políticos importantes, en España fueron unas Elecciones Municipales las que trajeron la República.

El 14 de Abril de 1931, se celebraron en España Elecciones Municipales y ganaron los partidos progresistas republicanos; el Rey se exilió de España y se proclamó la Segunda República; en los últimos meses de 1931 se aprobaba la Constitución Republicana, Constitución que tiene 125 artículos y es una texto de los más avanzados, progresistas y moderno del Constitucionalismo Europeo e Internacional.

El art.1 es muy hermoso, define a España como una República de trabajadores de todas las clases. En el art.6, España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional; se separa la Iglesia del Estado; se defiende la Enseñanza Pública; se aborda la Reforma agraria y se reconoce por primera vez en la historia de España el derecho al voto de la mujer y se establece el acceso a la autonomía de los pueblos que conforman el Estado Español.

Gobierno de Nicolás Salmerón
Tras aceptar la dimisión de Pi y Margall, fue elegido Presidente del Poder Ejecutivo Nicolás Salmerón, con 119 votos a favor y 93 votos en contra.

El nuevo presidente, que era un republicano federal moderado, defendía la necesidad de llegar a un entendimiento con los grupos más moderados o conservadores y una lenta transición hacia la república federal. Su oratoria era demoledora. Francisco Silvela decía que Salmerón, en sus discursos, sólo usaba un arma: la artillería. Antonio Maura caracterizaba el tono profesoral de don Nicolás diciendo que «siempre parece que esté dirigiéndose a los metafísicos de Albacete».

Ya durante su etapa como Ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de Estanisalo Figueras, promovió la abolición de la pena de muerte, así como la independencia del poder judicial frente al político.

Su nombramiento produjo una intensificación del movimiento cantonalista, para cuyo control tuvo que recurrir a generales abiertamente contrarios a la República Federal, mandando sendas expediciones militares a Andalucía y Valencia, al mando de los generales Pavía y Martínez Campos respectivamente, que uno tras otro fueron sometiendo a los distintos cantones, excepto el de Cartagena que resistiría hasta el 12 de enero

de 1874.

Sus generales le solicitaron el “enterado” del gobierno y su firma para ejecutar varias sentencias de muerte a varios soldados desertores en el frente carlista, imprescindibles, según ellos, para la recuperación de la disciplina del ejército. Salmerón, hombre de principios liberales muy avanzados, se negó a conceder el “enterado”, y, como figura inscrito en la piedra de su mausoleo: «Abandonó el poder por no firmar una sentencia de muerte». De tal modo, dimitió el 6 de septiembre.

Gobierno de Emilio Castelar
Al día siguiente, el 7 de septiembre, es elegido el unitario Emilio Castelar, catedrático de Historia y destacado orador, por 133 votos a favor frente a los 67 obtenidos por Pi y Margall, para ocupar la Presidencia del Poder Ejecutivo.

Durante su anterior etapa, como Ministro de Estado en el gobierno de Estanislao Figueras, promovió y consiguió que se aprobase la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, aunque no en Cuba por la situación de guerra que vivía. Por aquel entonces, ambas eran todavía colonias de España.

Con motivo de la difícil situación por la que pasaba la República, con el agravamiento de la guerra carlista, Emilio Castelar comenzó la reorganización del ejército, anunciando ante las Cortes que «para sostener esta forma de gobierno necesito mucha infantería, mucha caballería, mucha artillería, mucha Guardia civil y muchos carabineros». A pesar de la oposición federalista, las Cortes le concedieron poderes extraordinarios para gobernar, tras lo cual se cerraron las Cortes el 20 de septiembre. Confirmó las sentencias de muerte que provocaron la dimisión de su predecesor, restableció el orden y dejó a punto de rendición a los cantonales de Cartagena.

Sin embargo, el caos provocado por la sublevación cantonal y el recrudecimiento de la guerra carlista le llevaron a reabrir las Cortes el 2 de enero de 1874, para someter a votación la gestión de su gobierno y recabar plenos poderes con los que salvar a la República del descrédito total.5

Se abrió, en efecto, la sesión de Cortes el 2 de enero de 1874 pero los federales se lanzaron en tromba contra don Emilio Castelar, a quien respaldaba el capitán general de Madrid, don Manuel Pavía, antiguo partidario de Prim, con quien se había alzado en Villarejo de Salvanés. Dos fuerzas bien diferentes amenazaban con interrumpir las deliberaciones de las Cortes; los federales, deseosos de acabar con Castelar a mano airada, y las tropas del general Pavía, partidario de Castelar, que tenía decidido acudir en su socorro para evitar su derrota ante el federalismo.

Salían ya los regimientos comprometidos por la orden del capitán general cuando las Cortes conocieron la derrota de Castelar a manos de sus enemigos por 119 votos contra 101. Dimitió el último presidente de la República, y el de las Cortes, que era Nicolás Salmerón, ordenó proceder a nueva votación para elegir a un nuevo jefe del Poder Ejecutivo.

Pavía se situó en la plaza frontera al edificio, con su estado mayor, y ordenó a dos ayudantes que impusieran al presidente de las Cortes, Salmerón, la disolución de la sesión de Cortes y el desalojo del edificio en cinco minutos. La Guardia Civil que custodiaba el Congreso se puso a las órdenes del general y ocupó los pasillos del Congreso (sin entrar en el hemiciclo). Eran las siete menos cinco de la mañana, cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal Eduardo Palanca, y Salmerón, al recibir la orden del capitán general, suspendió la votación y comunicó el gravísimo suceso a los diputados. Entonces, éstos abandonaron el edificio a toda prisa, entre escenas de exacerbado histerismo; algunos incluso se descolgaron por las ventanas. Pavía, sorprendido, preguntó: «Pero señores, ¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por la puerta?».

Pavía, que era republicano unitario, le ofreció a Emilio Castelar continuar en la presidencia, pero este rehusó al no querer mantenerse en el poder por medios antidemocráticos. Estos hechos supusieron el final oficioso de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más.

Final de la Primera República
El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos

se pronunció en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. El gobierno de Sagasta no se opuso a este pronunciamiento, permitiendo la restauración de la monarquía. El triunfo de la restauración borbónica se logró gracias al trabajo previo de Antonio Cánovas del Castillo, que sin embargo era contrario al pronunciamiento militar.

Hasta 1931 los republicanos españoles celebraban el 11 de febrero, aniversario de la Primera República. Posteriormente, la conmemoración se trasladó al 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, que además, entre 1932

y 1938 fue fiesta nacional.

SUCESIÓN, DESINFORMACIÓN Y SOBREPROTECCIÓN A JUAN CARLOS I

Con motivo del 70 cumpleaños de Juan Carlos de Borbón, la mayoría de los medios de comunicación han mostrado su adhesión al monarca. En la transición se dictó una norma no escrita que decía: “del rey sólo se puede hablar bien”. Y como casi todo el mundo ha cumplido esa norma con diligencia, el rey siempre ha sido el personaje público mejor valorado en todas las encuestas y sondeos de opinión. Con toda propiedad se puede exclamar: ¡así se la ponían a Fernando VII!

El rey y su familia gozan de una sobreprotección mediática que tiene una relación directa con su sobreprotección penal. En el denominado “Código Penal de la democracia”, aprobado en 1.995, se introdujo un artículo, el 491, que castiga la utilización de la imagen del rey y de su familia “de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”. Es, sin duda, un artículo pensado para amedrentar a los medios de comunicación. Desde su entrada en vigor, sus directivos tienen que tentarse la ropa cada vez que publican una foto, un dibujo o una filmación en que se trata de “famosos”, ciudadanos corrientes o políticos que se presentan a las elecciones. La imagen de éstos puede ser utilizada como se quiera sin que tal cosa dé lugar a sanciones penales. Y eso está muy bien si se hace respetando la dignidad de las personas, porque si no se pudiera hacer, difícilmente se podría afirmar que en España existe libertad de expresión.

En el Código Penal de 1.995 también se incorporó un nuevo delito de injurias que protege en exclusiva a la familia real. La protección penal del derecho al honor y a la propia imagen está garantizada para la generalidad de la ciudadanía, pero en el caso de la familia Borbón esa protección es mucho mayor porque las sanciones son más duras. Eso es lo mismo que decir que es más caro, penalmente hablando, injuriar al rey y a su familia que al común de los mortales, lo que incluye a los políticos que son votados por la ciudadanía.

Los privilegios reales no se acaban ahí. Según la Constitución, el rey es jurídicamente irresponsable. En consecuencia ningún tribunal español puede aceptar una demanda dirigida contra él, ni siquiera en el supuesto de que hubiese indicios racionales de su participación en un delito tan grave como, sin ir más lejos, la rebelión militar. Eso significa que cualquier denuncia de corrupción o de abuso de poder dirigida contra el rey puede ser descalificada fácilmente tachándola de injuriosa o calumniosa, sin que quien la formule pueda acudir a los tribunales para solicitar que se investigue y se prueben los hechos denunciados.

Según diversos medios de comunicación europeos y norteamericanos Juan Carlos Primero se le estima una fortuna personal de 1.700 millones de euros. Los presupuestos generales del Estado asignan a la Casa Real cerca de 9 millones de euros que no fiscalizan ni controlan las instituciones democráticas como Parlamento, Tribunal de Cuentas, Fiscalía, etc. Se trata de una opacidad total impropia de un sistema parlamentario y democrático. Si citamos a Wikipedia los fondos que manejan la Casa Real por los distintos conceptos se ascienden anualmente a unos 25 millones de euros, lo que equivale 4.160 millones de pesetas: 347 millones al mes y 11 millones y medio por día.

Todos los cargos públicos de las instituciones democráticas municipales, autonómicas, Cortes Generales, etc. y ahora los candidatos de acuerdo con la Ley Electoral tienen que hacer público su patrimonio y sus recursos económicos así como su participación en empresas, etc. que se publican en las páginas web de las instituciones. ¿Por qué no lo hace la familia real? Hemos de decir que es el mismo dinero público que procede de los impuestos de toda la sociedad.

La sobreprotección penal es coherente con la sobreprotección constitucional de la monarquía. Todo lo relacionado con ella únicamente puede ser reformado por el complicadísimo procedimiento del artículo 168, mientras que el Tribunal Constitucional, por poner un ejemplo que se refiere a una institución que cumple una función decisiva en nuestro sistema político, se puede reformar por el procedimiento simplificado del artículo 167.

Toda esa sobreprotección se hace de una institución de la que se dice que carece de poder y que por eso se la puede considerar una monarquía “republicana”. Nunca nadie con supuestamente tan poco poder ha recibido tanta protección. Claro que, sin solución de continuidad, los mismos pregoneros que cantan las virtudes de la monarquía “republicana” añaden, sin asomo de vergüenza, que gracias a Juan Carlos de Borbón todos gozamos de libertad y de un bienestar material sin comparación posible con cualquier período anterior de la historia de España. Este razonamiento falaz convierte al monarca en un rey milagrero o en el cuarto “rey mago”, porque resulta que sin ejercer poder ha conseguido nada menos que “traer la democracia”, “salvar la democracia”, “sentar las bases del período más brillante de la historia de España” y otros objetivos tan humildes como éstos. El resultado de tanta irracionalidad y de tanta estupidez salta a la vista: los políticos que ganan elecciones se las ven y se las desean para ser tomados en serio, mientras el Jefe del Estado nombrado a dedo por Franco (que también es jefe militar supremo de un ejército de la OTAN, no lo olvidemos) disfruta de las más altas cotas de popularidad.

La monarquía tiene que afrontar un reto considerable en los próximos tiempos: la sucesión. Sólo cuando reine Felipe de Borbón se podrá considerar que la monarquía está consolidada. Pero ¿puede tener éxito esa gran operación política sin desinformación, sin censura, sin represión y sin recurrir de forma permanente a la manipulación y a la tomadura de pelo? La realidad cotidiana nos dice que no. Por tanto, cabe esperar que todo eso vaya a más en los años venideros, al igual que ninguneo, la marginación y la denigración de los republicando de izquierdas que pese a los obstáculos las encuestas más solventes sitúan en un 30% la ciudadanía española que se declara republicana, luego estamos ante una potente fuerza ciudadana, social, política y cultural en España.

Tanto el PSOE de Zapatero como el PP de Rajoy se declaran monárquicos y abordan en sus programas electorales de cara al 9 de marzo la modificación puntual de la Constitución sobre la sucesión de la Corona para garantizar el acceso al trono de la mujer y perpetuar la monarquía en España. El voto republicano el próximo 9 de marzo lo representa a nivel del Estado IU e IULV-CA que incorpora a su programa de gobierno el siguiente texto:

IULV-CA HACIA LA III REPÚBLICA

En el preámbulo del nuevo Estatuto de Autonomía se han incorporado dos párrafos de gran valor histórico y político:

Ese ideal autonomista hunde sus raíces en nuestra historia contemporánea. El primer texto que plasma la voluntad política de que Andalucía se constituya como entidad política con capacidad de autogobierno es la Constitución Federal Andaluza, redactada en Antequera en 1.883. En la Asamblea de Ronda de 1.918 fueron aprobados la bandera y el escudo andaluces.

Durante la II República el movimiento autonomista cobra un nuevo impulso. En 1.933 las Juntas Liberalistas de Andalucía aprueban el himno andaluz, se forma en Sevilla la Pro-Junta Regional Andaluza y se proyecta un Estatuto. Tres años más tarde, la Guerra Civil rompe el camino de la autonomía al imposibilitar la tramitación parlamentaria de un Estatuto ya en ciernes.

IULV-CA recoge la herencia de la primera y segunda Repúblicas como referencias indispensables para marcar el hilo conductor del pensamiento republicano. Parte de la necesidad del cambio y de la memoria democrática de éste país para construir un nuevo marco económico, social, político, cultural e institucional frente a los que intentan hacer creer que ésta comenzó, de manera inamovible en 1978, como una bondadosa concesión del franquismo.

La actual Monarquía Parlamentaria no recoge los ideales que defendemos. Al contrario, a lo largo de estos años, mediante el ejercicio de políticas neoliberales vivimos en una sociedad instalada en la precariedad laboral, educativa y económica de los trabajadores. El neoliberalismo es la negación de la democracia y atenta contra todos y cada uno los mismos principios republicanos. Por ello, reclamamos la solidaridad social y la democracia participativa como ejes y señas de nuestra identidad y abogamos por un cambio de régimen, lo que supone trabajar entorno a una propuesta concreta para el desarrollo de un modelo republicano en base a siete puntos fundamentales:

1º.- Deberá vertebrarse a partir del reconocimiento de los derechos humanos: civiles, políticos, sociales y medioambientales, avanzando hacia una sociedad de pleno empleo, con reducción de la jornada laboral y reparto del tiempo de trabajo, con desarrollo sostenible, con protección social plena y fiscalidad progresiva.

2º.- Plantear, en el marco del modelo de estado republicano, la democracia radical y participativa, llevando la democracia a ámbitos hoy vedados, como la economía o la cultura, así como profundizar la democracia política.

3º.- Rescatar el inmenso valor histórico, ético y político del artículo sexto de la Constitución Republicana de 1931 para defender una política de paz: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. La propuesta republicana se une al profundo clamor en contra de la agresión bélica al pueblo iraquí y contra otros pueblos del mundo. Este posicionamiento implica denunciar, una vez más, la pertenencia de España a la OTAN o los acuerdos bilaterales con Estados Unidos para la utilización “conjunta” de las bases militares en nuestro territorio.

4º.- Apostar por un modelo de estado inspirado en los valores del humanismo laico, que se asienta en el principio de la libertad absoluta de conciencia. Derogar el inadmisible Concordato suscrito con el Vaticano hace tres décadas y liberar a la escuela pública del adoctrinamiento de la religión católica.

5º.- Promover el valor de la austeridad, entendido como la racionalidad y la sintonía entre las necesidades sociales y las aportaciones presupuestarias y de infraestructuras necesarias, y no como lo conciben las políticas neoliberales que contribuyen a la liquidación de los derechos sociales conquistados después de dos siglos de lucha del movimiento obrero.

6º.- La necesidad de construir un Estado federal republicano y solidario que supere la denominada “España de las autonomías”, donde los territorios federados acepten como patrimonio común de todos los siete ejes que desarrollan la propuesta republicana. El desarrollo legislativo corresponderá a las Cortes Generales de la República y el desarrollo ejecutivo al Gobierno Federal. Un nuevo Estado con tres administraciones: la General, la de cada federación y la municipal, avanzando hacia la comarcalización de cada federación. En la atribución y ejecución de las competencias se tendrá en consideración el principio de subsidiariedad.

7º.- La construcción de la Tercera República Española en el marco de una Europa federal a partir del impulso de un auténtico proceso constituyente europeo.

IULV-CA se plantea como tarea ineludible desarrollar estos puntos, dotando de contenido político a la propuesta republicana, promoviendo el debate en las instituciones y en la calle, apoyando y fortaleciendo la “Red de Municipios y Cargos Públicos por la Tercera República”, creando las herramientas necesarias para hacer partícipe a la ciudadanía, e impulsando espacios unitarios en los que confluyan todas las sensibilidades políticas dispuestas a trabajar a favor de lo que será la Tercera República Española.

Finalmente, queridos amigos y amigas, el mejor homenaje a Nicolás Salmerón, a la I República y a la II República es que nosotros luchemos por la III República.

Antonio Romero Ruiz

Diputado de IULV-CA por Málaga

Secretario Segundo de la Mesa del Parlamento

Coordinador de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la III República.

NOTA: en la elaboración de este texto se ha utilizado la siguiente bibliografía: Enciclopedia libre de Internet Wikipedia y artículo de José Luis Gordillo