La Isla Republicana

La participación ciudadana no existe sin una ciudadanía que la defienda. Esta tautología tan evidente se diluye con propaganda partidista y cae presa de las fórmulas electoralistas de los partidos políticos cuando hay un proceso electoral en ciernes. Raro es el partido político que no se erige en adalid de la participación ciudadana, en defensor de la “democracia participativa”.

La campaña de recogida de firmas que llevó a cabo el PP en diciembre de 2006 es un ejemplo de cómo un partido político puede diluir con propaganda la razón de ser de la participación ciudadana. El objetivo, falaz, era que los ciudadanos pudieran mostrar su desacuerdo sobre el trazado del tranvía por la Calle Real mediante una consulta municipal. El objetivo, real, era proponer un imposible para captar los votos de la ciudadanía que se mostraba contraria al trazado. Y era imposible por varios motivos de índole normativa. Partimos de la base que el artículo 78 del Estatuto de Andalucía no reconoce la fórmula del referéndum entre sus competencias exclusivas.

1º) La ley autonómica 2/2001 (que regula las Consultas Populares Locales), establece en su artículo cuarto que una consulta no puede ser convocada ni celebrarse cuando hay otras convocatorias electorales de por medio. En el 2007 había dos procesos electorales: el referéndum del Estatuto de Andalucía el 18 de febrero, y las elecciones municipales el 27 de mayo. Esto guarda relación con lo estipulado en la siguiente...

2º) Ley Orgánica 2/1980 (que regula las distintas modalidades de referéndum). También en su artículo cuarto establece que no podrá celebrarse ninguna modalidad de referéndum en el período comprendido entre los noventa días anteriores y los noventa posteriores a la fecha de celebración, en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales o de otro referéndum. Quedará suspendido automáticamente todo referéndum ya convocado, cuando hubiera de celebrarse en el período antes señalado, debiéndose proceder a nueva convocatoria.

La iniciativa de esta campaña por la consulta popular la propuso formalmente el PP el 21 de diciembre de 2006, es decir, 59 días antes del referéndum andaluz. Lo hicieron amparándose en la Ley Autonómica 2/2001 que antes aludía. Precisamente la misma ley que daba al traste sus intenciones de convocar la consulta antes de las elecciones municipales. En términos fáciles de entender, y siguiendo la ley orgánica (que en su artículo segundo deja claro que la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado), era imposible convocar y celebrar una consulta en los tres meses anteriores y posteriores al 18 de febrero (fecha del referéndum andaluz); y también era imposible convocarla en los tres meses anteriores y posteriores al 27 de mayo (fecha de las elecciones municipales).

Para dejarnos menos asuntos en el tintero, recordemos otras normas:

1º) La Ley 7/1985 (la famosa que trata las bases del régimen local), establece en su artículo 71 que son los Alcaldes , previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, quienes podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos.

El PP sabía de antemano que su iniciativa no tendría los apoyos suficientes en el Pleno, y aún así persistió porque la consulta popular era un instrumento electoralista, no un compromiso. En último lugar, por su nula relevancia e inutilidad, tenemos el...

2º) El Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, firmado por Antonio Moreno el 30 de Abril de 2003, poco más de un mes antes de salir reelegido alcalde. Este Reglamento dedica todo un capítulo (el sexto) al tema de las consultas populares, pero no recoge nada nuevo, pues se dedica simplemente a corroborar lo dicho en otras leyes. Quizá lo más destacable es el compromiso de convocar un pleno extraordinario para analizar los resultados de una consulta popular en el plazo máximo de un mes.

En resumen, que de existir la posibilidad de convocar una consulta popular, ésta se tendría que haber realizado tres meses después de aquel 27 de mayo, es decir, a primeros de septiembre (por eso de que agosto es un mes “políticamente inhábil”). Por entonces el PP ya formaba parte del gobierno local. No vamos a descubrir nada nuevo. Ya conocen el dicho "prometer hasta meter, y una vez metido se acabó lo prometido".

Pero no se dejen engañar. Sí que hubo una consulta popular. Fue ese mismo 27 de mayo, en las últimas elecciones municipales, cuando el 46% de la ciudadanía isleña que participó en los comicios concedió 21216 votos (un 60'48%) a las opciones que estaban a favor del trazado del tranvía por la Calle Real. El tiro les salió por la culata a los del PP, pero la catadura moral les llevó, no sólo formar parte del Gobierno Local, sino a ocupar el área de Urbanismo.

Sin embargo, la participación ciudadana no se destruye con estos tejemanejes partidistas. Tras el Pleno en el que De Bernardo fue reelegido Alcalde de La Isla, uno de los asistentes aseguró “yo les voy a seguir votando aunque me engañen”. Mientras ésta sea la actitud, de nada vale la propaganda pro-participativa de los partidos políticos, pues estamos ante un problema más serio. No manejar de manera torticera y partidista los asuntos de participación ciudadana, podría ser un comienzo. Pero de nada sirve ofrecer participación a una sociedad que no participa.

Sirvan estos datos, obtenidos a través de la web del Ministerio del Interior, para la reflexión. En el 2007 ejercieron su derecho al voto 35224 cañaíllas. Es una cifra muy similar en participación a las elecciones municipales en 1995 (y eso que ese año había doce mil personas menos en el censo electoral). Los porcentajes de participación en el 2007 son los peores de los últimos 20 años en cuanto a elecciones municipales.

A menos de un año para otra de estas elecciones, asistiremos a otra función más del circo electoralista. Notas de prensa defendiendo perogrulladas, y candidatos adoptando esa ínfula paternalista respecto a las peticiones de las asociaciones de vecinos.

En términos porcentuales, el récord de participación en unos comicios locales está en un 56'47% (junio de 1999), diez puntos más que en las últimas. Veremos qué sucede el año que viene.

La Asamblea celebrada el pasado día 17 de Abril en el teatro Fígaro de Madrid supuso una valiosa puesta en común de diversas ideas y valoraciones en torno a la iniciativa por la unidad de acción aportada por la Plataforma “Cultura, Progreso y República”, organizadora del evento.

Desde que empecé a finales de 2005 a participar en la idea de “unidad de acción por la República” a través de la organización de distintos eventos, mi objetivo siempre ha sido sentar alrededor de una misma mesa a distintos colectivos que defienden la construcción de la III República para que pudieran dialogar y ponerse de acuerdo en un mismo programa de actividades. Y, sobre todo, llevar el tema de la República allí donde, por las circunstancias y características de su población, fuese más complejo (y por lo tanto más necesario) llevar el debate sobre la ilegitimidad de origen de la monarquía, y el compendio de desigualdades y ataques al sentido común que trae consigo.

Pensaba que en la Asamblea de Madrid se iban a repetir los mismos patrones por los que se ha ido moviendo los encuentros republicanos de este tipo a los que he asistido y participado. Está, por ejemplo, ese punto del orden del día no escrito dedicado a darle vueltas al inadecuado papel del PCE en la transición, o a IU para acusarle de “cómplice del sistema monárquico”. Pero la escena que más veces he tenido que recrear es aquella en la que el miembro de un colectivo o partido político me agarra del brazo para decirme al oído, en tono de alarma, que no me fiara de tal o cual representante de tal partido, o de dicha actividad republicana porque la organiza tal o cual persona. El último episodio de esta escena la viví días antes de la Asamblea celebrada en el Teatro Fígaro, cuando un amigo militante del PSOE (que no asistió) trató de prevenirme de la inutilidad de dicho encuentro debido a un desencuentro personal con uno de los organizadores. En estos casos siempre he tenido el acierto de no hacer caso a este tipo de advertencias y/o recomendaciones.

En las jornadas que presenté en el 2008 en Granada, no hubo colectivo que no mostrara desconfianza ante un programa de actividades que incluía a colectivos y partidos republicanos de izquierdas de toda índole. Y en La Isla sucedió algo parecido en el 2007. Aún así, las jornadas en La Isla y en Granada tuvieron continuidad y, quiero creer, las personas que forman parte de esos colectivos han aprendido que poner palos a las ruedas de quienes van en el mismo camino no conduce más que a retrasar la llegada de la III República. No nos equivoquemos de adversarios con excusas que se circunscriban al ámbito personal o partidista. La III República es un proyecto común.

El proyecto debatido en la Asamblea, presentada por la Plataforma “Cultura, Progreso y República”, es un proyecto factible, que no ha caído en vicios pasados, y que como primera consecuencia tiene la posibilidad de trabajar en la unidad de acción que tan difícil nos hemos puesto en los últimos años. Incluso Unidad Cívica por La República y Ciudadanos por La República han conseguido presentar por primer vez un manifiesto conjunto, porque saben que la discrepancia debe tener unos espacios concretos para que se transformen en acuerdos. Acuerdos que, por muy mínimos que sean, nos permitan seguir acercando el fin de la monarquía en el Estado español y preparar el terreno para un proceso constituyente.

La unidad de acción del movimiento republicano representa unas tierras difíciles que hemos comenzado a labrar para ver crecer una República. Un trabajo que también implica el intercambio de experiencias y propuestas con los antimonárquicos de los demás países que aún padecen el yugo de la institución que más pisotea los más básicos derechos humanos.

¡A por la Tercera República!

Hoy se ha publicado en la prensa local de La Isla el anuncio de disolución del partido de ámbito municipal "Alternativa Social" (ALSO). Según la nota de prensa, las dificultades a la hora de conciliar vida laboral con la militancia han terminado con la breve, pero intensa, existencia de este partido político que consiguió en las pasadas elecciones el apoyo de más de 700 votantes gracias al excelente trabajo de un centenar de afiliados.

Conocido por muchos como "el partido ONG" debido a su posicionamiento desideologizado y su buen propósito de intenciones en la consecución de una ciudad más justa defendiendo los valores humanos, pretendían cubrir el espacio que representa a los cañaillas que no se identifican con los demás partidos (la paradoja es que el partido llamado a cubrir este espacio y el de los descontentos es, lamentablemente, UPyD). Para ALSO, calificarse como de izquierdas o de derechas podía causar un rechazo que no pretendían, porque ante todo estaba el transmitir independencia absoluta.

Juan Luis Torrejón, el alcaldable de esta formación, es una persona honesta, con buenas intenciones, con carisma y capaz de transmitir buenas sensaciones (tanto que hasta le llegaban a decir que no valía como político). De los pocos encuentros que tuve con él, siempre me dio la impresión que de verdad se creía las buenas intenciones con las que se defendía la no ideológicos de su partido. Pero partir desde unos postulados aideologizados es un lastre imposible de arrastrar con el tiempo. Sigo creyendo que, a la larga, hubiese tenido que redefinirse como partido de izquierdas. Pero esto es una hipótesis que ya no podrá verificarse.

En las asambleas locales de muchos partidos, la conciliación de vida personal y laboral con la militancia puede llegar a generar una frustración que desemboca en abandono. En el caso de ALSO optan por asumir la responsabilidad de forma honesta, hecho que les honra. Estos sí que son "buena gente", algo de lo que no puede presumir ahora mismo el partido político que gobierna La Isla en alianza con la derecha. Otros, simplemente, desaparecen y permanecen al acecho de la convocatoria electoral de turno.

A pesar de mi desacuerdo con sus planteamientos, con ALSO La Isla pierde una opción interesante, pero sigue manteniendo a un grupo de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el municipio. No perdemos "otra forma de hacer política" pues ésta depende bastante de la participación ciudadana que parece resurgir en La Isla.

Ayer tuvo lugar en San Fernando (Cádiz) una manifestación exigiendo responsabilidades políticas al equipo de Gobierno Local que forman en coalición el Partido Andalucista y el Partido Popular, con motivo del desfalco de la Caja Municipal. Quizá sin pretenderlo, y aunque sea un hecho implícito en toda convocatoria de este tipo, la manifestación de ayer también tenía como objetivo comprobar el grado de implicación de la ciudadanía isleña con los asuntos públicos del municipio. En los últimos años el grado de implicación había sido, lamentablemente, anecdótico (por no usar otra expresión más negativa y pesimista), tanto en manifestaciones como en convocatorias electorales (aunque en este último caso, el estudio de sus causas y resultados precisa un análisis algo más profundo).

La manifestación de ayer fue importante porque el objetivo de su convocatoria fue respaldado por un buen número de ciudadanos, y nada tiene que envidiar a otras jornadas de protesta en la localidad (como las relacionadas con la Fábrica de San Carlos, Bazán, etc). El número de manifestantes, como suele ser habitual, oscila entre el máximo estimado por los organizadores (cinco mil) y el mínimo calculado por las autoridades pertinentes (mil quinientos). Tanto si se trata de una cifra como de la otra, el resultado es absolutamente esperanzador, no sólo por la cifra en sí, sino por lo alentador que resulta observar como la ciudadanía que hasta ahora permanecía dormida, muestra capacidad de organización e inmunidad al desaliento con el que los más derrotistas quieren seguir contagiando a la sociedad cañailla. Como escribió Goethe "el estampido de su ladrar, sólo demuestra que cabalgamos".

La abulia participativa que lleva enfermando hace demasiado tiempo a la ciudadanía isleña puede que haya empezado a mermar. Desde este modesto rincón de letras, animo a mis paisanos y paisanas a aprovechar esta oportunidad para regenerar la sociedad en la que viven para seguir progresando. El camino empezado tras la manifestación de ayer, es el adecuado.

15/04/2007

“Varela: único doble laureado, herido o­nce veces y hombre casi tan pulcro como Millán Astray. Siempre de guantes blancos en plena campaña, RUMORÉASE que duerme con las Laureadas prendidas al pijama, recién planchado y crujiente de almidones” (Carlos Rojas, “¡Muera la inteligencia!¡Viva la muerte!”, Memoria de la Historia, Ed. Planeta, p. 195).

Jesús Núñez, en una conferencia que dio hace algunos años, terminó su discurso pro-Varela con la enumeración de las múltiples condecoraciones con las que fue distinguido este Hijo Predilecto de San Fernando. Sólo describió, en una versión algo edulcorada, el instante de la concesión de ambas Laureadas. La Cruz Laureada de San Fernando era rara vez concedida en vida del condecorado. Varela rompió esta costumbre no sólo recibiéndola, sino condecorando a Franco el año en el que se consumó el inicio del nacionalcatolicismo que sumiría a este país en una oscura noche de casi cuatro décadas.

La primera de estas Laureadas se normalizó en el preámbulo de la Real Orden de 12 de diciembre de 1921. Es reconocida como una condecoración en tiempos de guerra, en un acto no de defensa, sino de ataque a la cueva de Rumán (Larache). El General Varela tuvo la valentía de matar con arma blanca, cuerpo a cuerpo, a muchos enemigos de la causa. De los 20 hombres que acompañaban a Varela en esa acción, sólo sobrevivieron cuatro. Todo un éxito, sí señor. La segunda Laureada se concedió a través de Real Orden del Ministerio de la Guerra de 21 de julio de 1922. Varela, en un primer envite, tuvo 34 bajas de las 60 que tenía una primera sección, y de los 25 efectivos que fueron de apoyo, murieron 19. Una matanza que por tener resultado de supervivencia para el predilecto, le supuso esta segunda Laureada, también por méritos militares en tiempo de Guerra. Se comenta que Varela fue candidato de una tercera laureada, aunque en este punto hasta sus propios defensores no se aclaran. Jesús Núñez dice que sólo fue una propuesta que le hizo Sanjurjo (otro que tal bailaba) como consejo al propio Varela, tras salir éste indemne de la conquista de la loma de Los Morabos en 1926, de las 115 bajas que hubo en ese enfrentamiento. Otros dicen que a Varela se le propuso la tercera laureada tras la Guerra Civil y que se negó porque “en una contienda de hermanos no debe haber medallas”. Quizá, si hubiese sido consecuente con esto, no le habría puesto la Laureada a Franco. O no habría aceptado altos cargos, premios y grandes beneficios que se le adjudicaron tras la contienda.

Pero la enumeración del resto de los distintivos no acaba aquí, ni mucho menos. Estaría bien saber que Varela fue distinguido con lo que ahora serían dudosos o nulos honores, como la Orden Imperial del Yugo y Las Flechas (antes denominada Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas), condecoración establecida en dos grados (Caballero y Comendador) y en cinco distintivos (Gran Collar, Gran Cruz, Placa, Cruz y Medalla). A Varela le correspondió el “gran honor” de recibir el distintivo de la Gran Cruz de esta Orden. También la recibió Heinrich Himmler, jefe de las agencias que los Tribunales de Nüremberg describieron como “agencias más perversas, crueles y represivas conocidas en el siglo XX". Otra curiosidad sin importancia, los tres (y únicos) condecorados con el Gran Collar de esta Orden Imperial fueron Víctor Manuel III, Mussolini y Hitler.

Al margen de estas significaciones en torno a las medallas de nuestro predilecto ecuestre, que no tienen más importancia que la coincidencia histórica (como el hecho de que durante tras la Guerra Civil se publicase propaganda con la imagen de Varela bajo la esvástica, por ejemplo), no es menos relevante conocer que el General Varela se alzó para cercenar la voluntad del mismo pueblo que le acogió como Hijo Predilecto. En las elecciones de 1936, el pueblo de San Fernando votó en masa, y decididamente, a favor del Frente Popular de Izquierdas. ¿Un hijo predilecto iría contra la voluntad democrática del pueblo que lo ha acogido como tal? Varela sí. Y sólo por este hecho debería retirársele tal consideración.

Los libros de Historia recogen a Varela como un conspirador, un golpista, e incluso como un genocida, hechos que no van en desmedro de sus particulares “méritos militares de guerra” (a los que se aferran los pro-varelistas para defenderlo), ni de su visión monárquico – conservador que luego olvidaría para hacer seguidismo de Franco .

Llegados a este punto concluyo: ¿hay que quitar la estatua ecuestre de la Plaza de España (más conocida como "plaza del rey")? La respuesta es, sin lugar a dudas, afirmativa. Primero por su significación antidemocrática, segundo porque una estatua ecuestre de ese estilo es poco menos que un atentado estético al buen gusto, y tercero porque si no la quitan pronto, lo corrosivo de los excrementos de las palomas acabarán disolviéndola (vaya, le he encontrado una utilidad civil a la estatua de Varela).

Hasta que llegue ese momento que muchos cañaillas esperamos, la memoria de otro hijo predilecto de San Fernando, el Capitán republicano del Ejército Fermín Galán, sigue quedando relegada a las lóbregas mazmorras del olvido.