La Isla Republicana

23/03/2008

“La tierra, el agua y la semilla es un derecho de los pueblos y no una mercancía ni un negocio donde unos pocos se hagan ricos” , así reza la filosofía del Movimiento Campesino Internacional. Hasta que esta filosofía no cale en unos textos normativos apoyados por la mayoría, los andaluces seguiremos en la lucha pidiendo “tierra y libertad”.

El 18 de febrero de 2007, casi un 70% de los andaluces con derecho a sufragio, decidieron no apoyar con su voto al reformado Estatuto de Autonomía. Quienes perpetraron el texto y el voto afirmativo trataron de capitalizar los resultados del referéndum (no vinculante) de forma dispar y bastante alejada de la realidad. Y es que la realidad, guste o no, es que la norma institucional básica de los andaluces es, junto a la gallega de 1981, la que menos respaldo ha tenido por parte de la ciudadanía. Podemos hacer diversos y tornadizos análisis que expliquen los motivos de tan baja participación (mala campaña informativa, seguridad en la victoria del “Sí”, etcétera), pero quizá la que más se acerque es la distancia, cada vez más preocupante, que separa a la clase política de los problemas reales de los andaluces.

De todas las limaduras impuestas en Madrid por las políticas neoliberales de los distintos Gobiernos, una de las más graves golpea de lleno al mundo rural. Si ya es bastante duro para el colectivo de jornaleros andaluces el sectarismo con el que se está gestionando la Política Agraria Comunitaria (que es la que maneja los hilos), ahora toca bregar con un Estatuto de Autonomía, sin apoyo mayoritario de los andaluces, y que pasa por alto la posibilidad de una reforma agraria que haga frente al modelo capitalista de concentración de propiedad de las tierras. El Estatuto ha esquilmado una oportunidad histórica para dotar al campesinado de las herramientas necesarias para crear una política agraria más ajustada a la realidad específica de los jornaleros andaluces. El concepto que se echa en falta en el Estatuto es el de “Soberanía Alimentaria”, porque sólo a través de su desarrollo el mundo rural podría definir fórmulas propias de gestión en el ámbito agroindustrial, así como la prohibición expresa para usar productos transgénicos en nuestros campos.

No pasemos por alto que los máximos defensores de este nuevo Estatuto, los mismos que se engañan (y tratan de engañar) asegurando que la victoria del “SÍ” fue apabullante, son los mismos que nombraron en el 2006 a la Duquesa de Alba “hija predilecta de Andalucía”. Una señora que, además de ser “hija predilecta de Andalucía”, tiene el récord mundial de títulos aristocráticos y nobiliarios. Su propiedad supera las 34.000 hectáreas de tierra, por las que recibe más 1.885.000 de €uros en subvenciones procedente de los fondos agrícolas comunitarios (en la provincia de Córdoba posee 17 fincas). Sus méritos, según el Gobierno Andaluz, es su actuación como "activa embajadora de las tradiciones y costumbres de Andalucía". Es necesario dejar claro que quienes defendieron esta proclamación, llevan de más eso de “Socialista” y “Obrero” en el nombre de su partido. El mismo partido que impulsó la reforma del Estatuto de Autonomía, es el que llevó adelante la proclamación como “hija predilecta de Andalucía” a la mayor terrateniente de nuestra Comunidad Autónoma. No es de extrañar la facilidad que tuvo el partido de la derecha a la hora de imponer sus cuitas al texto (reformó 150 artículos en su pase por el Congreso).

Según datos de Intermón Oxfam, sólo siete grandes propietarios en Andalucía se embolsan más de 14,5 millones de €uros (el 25% de las ayudas totales). Y son los siguientes: Hermanos Mora Figueroa-Domeq, Hermanos Barrera, Nicolás Osuna (Conde de Osuna), la Duquesa de Alba, Iñigo Arteaga Martín (Duque del Infantado), Hermanos Lopez de la Puerta y Samuel Flores. Mientras, más de medio millón de jornaleros siguen sin tierras y las pequeñas fincas familiares se ven condenadas a la vil ruina. Esta es una de las consecuencias trágicas del modelo capitalista (explotación laboral, beneficios inmediatos, vulneración de leyes y convenios, hambre, emigración,...) que impone Europa y que acata la clase dirigente española. Y esto sucede en Andalucía, una tierra con casi dos millones de pobres. “La tierra, el agua y la semilla es un derecho de los pueblos y no una mercancía ni un negocio donde unos pocos se hagan ricos” , así reza la filosofía del Movimiento Campesino Internacional. Hasta que esta filosofía no cale en unos textos normativos apoyados por la mayoría, los andaluces seguiremos en la lucha pidiendo “tierra y libertad”.

En otro orden de cosas, no menos importantes, cabe destacar la oportunidad perdida en esta reforma estatutaria de dar a los andaluces el poder para decidir sobre las Bases Militares extranjeras de Rota y Morón. La permanencia de estas bases es contraria al concepto que tenemos de Andalucía como “tierra de paz”, y nos provoca sobremanera saber que nuestro territorio sirve como simple punto estratégico para poder agredir a otros pueblos. El poder de decisión en esta materia seguirá residiendo en el Gobierno del Estado español.

Esperaremos acontecimientos.