Las coincidencias temporales resultan en ocasiones muy caprichosas. El mismo fin de semana de noviembre pasado en que Izquierda Unida acordaba en su IX Asamblea Federal las bases para el fortalecimiento de su futuro político –con una línea claramente anticapitalista y en el que la centralidad se situaba en la contradicción capital-trabajo y en la apuesta seria por un modelo de desarrollo sostenible ante la crisis multidimensional que sufre la economía–, los miembros del G-20 se reunían en Washington para “refundar el capitalismo”. Se referían a ese capitalismo que, obsesionado por el beneficio inmediato, nos ha arrastrado a la situación actual de crisis mundial de un modelo productivo que ha revelado la imposibilidad de ese mismo sistema para organizar el mundo de forma estable, justa y democrática.
La paradoja radica en que, desde las mismas tribunas que detestaban el papel legítimo de los Estados para intervenir y regular, ahora se solicitan multimillonarias ayudas públicas para salvar a las empresas que han originado este desaguisado, creando un shock en la economía real, provocando el cierre de miles de empresas y la expulsión del mercado laboral de millones de trabajadores en todo el mundo. Los gobiernos sí encuentran dinero para ayudar a los culpables, pero no ocurre lo mismo con las víctimas. Eso no es más que la burda reedición de la vieja práctica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
Ante esta situación, es el tiempo de plantear alternativas. Izquierda Unida se ha puesto a ello de forma decidida. Pero construir la alternativa no es un camino fácil cuando, además de nuestras propias debilidades internas, llevamos más de 30 años enfrentándonos a un sistema electoral maquiavélico que trata de imponer un bipartidismo excluyente, fomenta la polarización y hace casi imposible el desarrollo normal de un tercer partido de ámbito estatal.
No nos vamos a cansar de repetir que la Ley Electoral vigente fue concebida para castigar, primero al PCE y, luego, a IU. Un sistema electoral que con la complicidad de los dos grandes partidos trata de empujarnos al limbo de la marginalidad, como han reconocido públicamente personalidades de la vida política nada sospechosos de comulgar con nuestras ideas, como Calvo-Sotelo o Rodríguez de Miñón. Es el mismo sistema injusto que recorta su voz en el Parlamento a una parte importante de electores y que hace que cada escaño nos cueste siete veces más que a populares o socialistas.
Con una ley verdaderamente proporcional que garantizara no sólo la libertad del elector, sino también la justicia del resultado y la igualdad del voto, IU tendría hoy 14 escaños. Los beneficiarios directos de este sistema preconstitucional –PP y PSOE– siguen prefiriendo gobernar con partidos nacionalistas conservadores en lugar de profundizar en la democracia. Es precisa una reforma de la Ley Electoral para que los distintos partidos, y en concreto IU, tengan en el Parlamento la representación real y el peso específico que los ciudadanos nos otorgan elección tras elección.
Pero estas cuestiones, por importantes que sean, no distraen nuestras prioridades. Ante la gravedad de la crisis en nuestro país, IU apuesta sin rodeos por un modelo de desarrollo distinto. En primer lugar, consideramos que el objetivo fundamental de toda política económica debe ser la defensa del empleo existente y la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ello aprobamos en febrero pasado, en la primera reunión de nuestro Consejo Político Federal, un plan contra la crisis y por la creación de empleo. Contiene medidas realistas y pegadas al terreno con las que se podrían generar 1.900.000 empleos en tres años y en las que se presta una detallada atención a quienes se han convertido –más rápido y en más cantidad que en los países de nuestro entorno– en los grandes sacrificados de una crisis que no han contribuido a generar: los parados y, en especial, ese 1,1 millones de desempleados que han agotado ya cualquier prestación pública y las familias que tienen a todos sus miembros sin trabajo y no perciben ingreso alguno.
En segundo lugar, precisamos un modelo que priorice el interés social sobre el beneficio privado. Lo basamos en un desarrollo social y ecológicamente sostenible –dada la existencia de recursos limitados–, en el control público y social de la economía, la planificación democrática de la misma y la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo y el control del excedente económico.
Es un modelo que impulsa una fiscalidad que hace efectivo el principio de progresividad de los impuestos, lo que no significa que paguen más los que menos tienen, sino al contrario, y potencie la equidad combatiendo el fraude fiscal. Queremos un sector público fuerte que incluya desde una banca pública, pasando por el resto de sectores estratégicos, hasta la decidida defensa de la propiedad y la gestión pública de los servicios públicos. Queremos un reconocimiento de los derechos sociales básicos que establece la Constitución (trabajo, vivienda, salud, educación, atención a la dependencia…) como derechos subjetivos y exigibles.
En tercer lugar, debemos encontrar las alianzas necesarias para poder superar al neoliberalismo y que los más débiles no sigan pagando la crisis. Los sindicatos son una fuerza decisiva. Más allá de sus contradicciones, son indispensables. Y sería iluso pensar que esta nueva realidad no tendrá repercusión en la vida interna de los mismos y en su papel.
Nos unen los documentos aprobados en nuestra IX Asamblea, la profunda crisis del sistema capitalista y la voluntad decidida de trabajar para la construcción de la alternativa que hemos definido como el socialismo del siglo XXI. Es nuestra alternativa al neoliberalismo de la derecha política y de la socialdemocracia, que han renunciado a sus principios ideológicos en muchas materias y, especialmente, en la política económica.
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